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Funcionarios de disculpan sobre General Iron, dicen que debieron haber informado al público antes de otorgar el permiso

La empresa propietaria de General Iron necesita la aprobación final de la Municipalidad para comenzar sus operaciones.

Sun-Times

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Funcionarios de salud que dependen de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, reconocieron el lunes que debieron haberle informado primero a la comunidad antes de concederle un permiso de control de contaminación del aire el mes pasado a la trituradora de metales General Iron, aceptando también que no consideraron la “sensible” naturaleza del proyecto al que se oponen muchos grupos locales. El permiso otorgado por la Municipalidad es uno de los dos que necesita esa empresa para operar en el lado sureste.

“Debería haber habido un mejor compromiso con la comunidad sobre este tema”, dijo el Departamento de Salud en un comunicado. La declaración prometió “proporcionar notificaciones más rápidas y completas a la comunidad sobre nuevas actividades” en el futuro.

Varios grupos comunitarios están luchando contra la reubicación de la instalación en South Burley Avenue y 116th Street, desde su antigua ubicación en Lincoln Park, alegando que aumentará la contaminación en un área industrial que ya sufre por la mala calidad del aire. Estos grupos dijeron que acaban de enterarse la semana pasada de que el primero de los dos permisos municipales requeridos se emitió el 15 de septiembre.

La empresa propietaria de General Iron necesita la aprobación final de la Municipalidad para comenzar sus operaciones, después de haber recibido una autorización previa del estado.

La admisión del error por parte de la Municipalidad sigue a las críticas de grupos comunitarios que también enviaron una carta a la alcaldesa el lunes instándola a rechazar la apertura de la trituradora de metal en su nueva ubicación de Burley, a lo largo del río Calumet.

Hasta ahora Lightfoot sólo ha sugerido que el permiso tendría restricciones para reducir la cantidad de contaminación del aire y señaló que la empresa no puede operar en su nuevo hogar hasta que “demuestre el cumplimiento” de las nuevas reglas impuestas para este tipo de empresas.

“Históricamente los permisos de control de la contaminación del aire se han otorgado sin una revisión o notificación por parte de la comunidad”, dice la declaración de la Municipalidad. “Sin embargo, dada la naturaleza delicada de este asunto, reconocemos que esta fue una clara oportunidad perdida para [la Municipalidad] de mantener informada a la comunidad de manera oportuna sobre este proceso”.

La concejal Susan Sadlowski Garza, cuyo distrito 10 incluye la nueva ubicación de General Iron, dijo que estaba enojada porque ni ella ni sus electores fueron informados sobre la solicitud o aprobación del permiso hasta la semana pasada. En una reunión virtual en el Ayuntamiento en Julio, los funcionarios de salud dijeron que el proceso de permisos sería transparente e involucraría a todos los miembros de la comunidad.

“Nos prometieron seguir un proceso cuando tuvimos la reunión del Ayuntamiento”, dijo Garza en una entrevista el lunes. “No sé quién dejó caer el balón, pero la gente merece saber qué está pasando”.

Aunque Garza dijo que los residentes deberían participar en el proceso de entrega de permisos, también aceptó que cree que esa instalación finalmente se abrirá. Señaló que el sitio se está construyendo actualmente como una expansión de una operación existente de la empresa propietaria de General Iron, que es Reserve Management Group. Todo la infraestructura del norte de la ciudad se moverá a la nueva ubicación.

Un portavoz de Reserve Management aplazó responder las preguntas sobre los permisos.

Horas antes, el lunes, una coalición de activistas sociales y comunitarios regañaron a la alcaldesa.

“Le pedimos a la alcaldesa que se asegure de que la comunidad participe”, dijo Sheilah Garland-Olaniran, representante de la Campaña de los Pobres de Illinois.

A medida que la lucha contra el traslado de General Iron al sureste se intensifica, los activistas dicen que han formado una coalición de más de 40 grupos que se oponen a la instalación.

“La Ciudad de Chicago y la alcaldesa Lightfoot necesitan construir una mejor infraestructura en términos de proceso”, dijo Rose Joshua, presidenta de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) para el sur de Chicago. Ella calificó el traslado de la instalación al sureste como “una violación de nuestros derechos civiles”, haciéndose eco de la denuncia que todos los grupos comunitarios presentaron ante los funcionarios federales en agosto.

Los reportajes de Brett Chase sobre medio ambiente y salud pública son posibles gracias a una subvención de The Chicago Community Trust.