La corporación propietaria de la trituradora de metales General Iron está desafiando los requisitos de control de contaminación establecidos en el permiso estatal que le fue otorgado recientemente y que le permite construir una nueva operación en el sureste de Chicago.
Esta medida se tomó a pesar de las protestas de los residentes que no quieren que la empresa se traslade a su vecindario desde su actual instalación en Lincoln Park. La compañía está cuestionando la capacidad legal del estado de exigir ciertas pruebas y controles sólidos de contaminación del aire y otros requisitos.
La empresa argumenta que varias condiciones que se le impusieron son “contrarias a la ley, inviables, arbitrarias y caprichosas”.
Los reguladores ambientales bajo las órdenes del gobernador J.B. Pritzker emitieron un permiso de construcción con controles de contaminación en junio pasado que, según grupos comunitarios, es demasiado débil para proteger adecuadamente a los residentes en un área de Chicago que ya sufre por la mala calidad del aire.
“Es profundamente perturbador”, dijo Nancy Loeb, directora del Centro de Defensa Ambiental de la Facultad de Derecho Northwestern Pritzker, que representa a los grupos comunitarios del sureste. “Reserve Management Group (RMG) ha estado diciendo que tiene la intención de ser un gran vecino y, en cambio, busca debilitar el plan de permisos que de por sí no es tan estricto”.
El 30 de julio ‘General Iron’ presentó una apelación ante un panel estatal, la Junta de Control de Contaminación de Illinois, que dictamina sobre disputas sobre la ley ambiental. Específicamente, RMG, empresa dueña de General Iron, quiere poner fin a la supervisión estatal del plan de contención del polvo que es parte del permiso estatal. También quiere eliminar los requisitos para las pruebas de aire, argumentando que está sujeto a estándares para las “principales” fuentes de contaminación que están definidas por las leyes federales.
La Agencia de Protección Ambiental (IEPA, por sus siglas en inglés) de Illinois “está sobrepasando su autoridad”, argumenta la compañía en su petición.
Argumenta que la redacción de un requisito de seguridad es ambigua y pide una aclaración. El control en cuestión se agregó al equipo de trituración de automóviles luego de dos explosiones en Lincoln Park en mayo. Eso le permite a la compañía reanudar sus operaciones en su ubicación de Lincoln Park, donde continuará triturando automóviles y chatarra hasta que se mude al lado sureste.
La concejal Susan Sadlowski Garza, cuyo distrito 10 albergará la nueva operación de General Iron, “está preocupada de que esto signifique que [la compañía] entienda que no pueden operar de manera segura y está tratando de evitar cualquier supervisión de las emisiones de partículas”, dijo John Heroff, asesor político de Garza. “Todavía estamos asimilando lo que significa esta solicitud y esperando a ver cómo podemos responder como Ciudad”.
Jordan Troy, portavoz de la alcaldesa Lori Lightfoot, dijo que la Municipalidad está esperando que RMG solicite, por separado, los permisos municipales que le permitan operar en su nueva ubicación y se negó a comentar sobre los alcances del permiso estatal.
En un comunicado, Reserve Management Group dijo que “simplemente está ejerciendo sus derechos para garantizar que el lenguaje del permiso sea claro e inequívoco, así como para que sea tratado de la misma forma que cualquier otra fuente menor de emisiones”.
La portavoz de la EPA de Illinois, Kim Biggs, dijo que se le pidió a la oficina del Fiscal General, Kwame Raoul, que representara a la agencia en el asunto y aplazó hacer comentarios. Una portavoz de Raoul se negó a comentar.
La Junta de Control de la Contaminación está programada para reunirse el próximo jueves cuando votaría si acepta la petición. Si se acepta el asunto se asignará a un oficial de audiencias y podría tomar cerca de cuatro meses en tomar una decisión.
La aprobación por parte de la Munbicipalidad de la reapertura de General Iron en Lincoln Park se produjo el viernes y las operaciones pueden reanudarse de inmediato. En una carta a RMG, el abogado consejero de la Ciudad, Mark Flessner, dijo que la compañía cumplió con sus obligaciones legales de demostrar que se implementaron salvaguardas para prevenir otro accidente, pero escribió: “deseo dejar muy claro que la Municipalidad estará monitoreando de cerca a la instalación”.
Los reportajes de Brett Chase sobre medio ambiente y salud pública son posibles gracias a una subvención de The Chicago Community Trust.
