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Inmigrantes aceleran solicitudes de ciudadanía días antes de que aumenten las tarifas de los trámites

“Está poniendo la posibilidad de hacerse ciudadanos lejos del alcance de millones de refugiados e inmigrantes de bajos recursos”, dijo un defensor.

Diana Garcia Hernandez, 24, of Cicero, dipped into her savings to cover the cost of an application to become a U.S. citizen. She knew if she didn’t start the process to become a citizen this month, she would face an application fee that is set to rise from $640 to $1,160 — an 81% increase — on Oct. 2. Ashlee Rezin Garcia/Sun-Times

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Después de usar sus ahorros para pagar la renta y la comida durante la pandemia del coronavirus, Diana García Hernández se encontró nuevamente con la necesidad de meterle mano a esos ahorros para cubrir el costo de la solicitud de ciudadanía.

“La vida ha sido un desafío”, dijo García Hernández, quien explicó que no presentó antes la solicitud porque es madre soltera de dos hijos. “A veces no tienes ese dinero extra que te sobre”.

Pero García Hernández, de 24 años, de Cicero, sabía que si no iniciaba este mes el proceso para convertirse en ciudadana, enfrentaría el aumento del 81% en los trámites que regirá a partir del 2 de octubre —de $640 a $1,160, como parte de un ajuste determinado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El ajuste de tarifas se anunció el 31 de julio.

Ella es solo una de las residentes en Chicago que luchan para presentar solicitudes de ciudadanía antes de que el gobierno imponga las nuevas tarifas. Este aumento en la demanda se suma al atraso enfrentado por otras solicitudes de naturalización, que están demoradas debido al cierre de las oficinas federales a causa del coronavirus.

Recientemente se creó una organización sin fines de lucro, Inmigrantes como Nosotros (Immigrants Like Us), para ayudar a los inmigrantes a enfrentar el proceso de aplicación.

“No podía creer lo que estaban aumentando los costos”, dijo García Hernández. “Me puso en marcha para tener todo listo para aplicar antes de la fecha límite”.

En West Rogers Park, el Indo-American Center presentó 40 solicitudes de ciudadanía a mediados de septiembre, un fuerte aumento en relación a las típicas 12 a 20 solicitudes que presenta en promedio cada mes, dijo Angie Lobo, directora ejecutiva de la organización que brinda servicios de asistencia social a inmigrantes del sur de Asia.

Y algunas personas están viajando de Chicago a Waukegan para obtener ayuda de la organización Caridades Católicas, la cual ha visto un importante aumento en las consultas de personas que quieren ayuda a completar las solicitudes ante USCIS, dijo Jocelyn Jaramillo, especialista en inmigración de la organización.

“La agencia, que recibe sus ingresos del cobro de tarifas, enfrentaría una déficit de un billón dólares el próximo año si las cantidades de las tarifas se mantuvieran iguales”, según un comunicado de prensa de USCIS. Los ajustes también están destinados a “detectar y disuadir el fraude de inmigración y examinar a fondo a los solicitantes, peticionarios y beneficiarios”, declaró la agencia en ese comunicado.

“Estos ajustes a las tarifas son necesarios para administrar de manera eficiente y justa el sistema de inmigración legal de nuestra nación, garantizar la seguridad y proteger a los estadounidenses”, dijo Joseph Edlow, subdirector de USCIS, en un comunicado.

Un grupo de organizaciones defensoras de los inmigrantes, incluida la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR), presentó una demanda federal en California impugnando este aumento de tarifas.

El viernes por la tarde, Samina Bharmal, una abogada que representa a estos grupos, argumentó durante la audiencia virtual para solicitar una decisión judicial, que Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no tiene la autoridad para implementar los cambios debido a cuestiones legales relacionadas a si él aprobó de forma correcta la publicación de esta medida. También argumentó que no hay suficiente información que explique las finanzas de USCIS.

El gobierno defendió la decisión de Wolf. Julie Straus Harris, abogada del gobierno, argumentó que los grupos pro inmigrantes están especulando, ya que los cambios afectarían las subvenciones de las que dependen para obtener fondos.

El juez federal Jeffrey S. White, del distrito norte de California, no se pronunció de inmediato sobre la moción de los grupos pro-inmigrantes.

Fred Tsao, director de políticas públicas de ICIRR, dijo que a las organizaciones les preocupa que los aumentos en las tarifas reduzcan quién puede recibir una exención de tarifas al presentar una solicitud ante USCIS. Pero aún si esas exenciones estuvieran disponibles de una forma más amplia, él cree que la gente tendría que pagar demasiado.

“Vemos impactos realmente nefastos si esta nuevo aumento de tarifas entra en vigencia”, dijo.

Es probable que los cambios afecten a aproximadamente la mitad de las personas a las que sirve ICIRR a través de su Iniciativa por Nuevos Americanos, que recibe fondos estatales para organizar actividades como clases de ciudadanía y talleres para ayudar a las personas a completar solicitudes de naturalización.

Los aumentos incluyen una tarifa extra de 50 dólares para cualquier persona que quiera solicitar asilo en Estados Unidos. Jims Porter, portavoz de RefugeeOne, dijo que cree que las nuevas tarifas buscan ser también una prueba de riqueza para los inmigrantes. La agencia trabaja con inmigrantes, a muchos de los cuales se les habría otorgado exenciones de tarifas en el pasado, dijo Porter.

“Está poniendo la posibilidad de hacerse ciudadanos lejos del alcance de millones de refugiados e inmigrantes de bajos recursos”, dijo Porter.

La organización ha estado presionando a inmigrantes para que envíen solicitudes antes del viernes. También está tratando de encontrar formas de llenar el vacío financiero. Una idea es permitir que otras personas hagan donaciones para compensar el costo de las solicitudes de inmigración, dijo Porter.

Lobo dijo que el Indo-American Center también ha realizado actividades de divulgación en las últimas semanas, instando a las personas a presentar solicitudes de ciudadanía incluso si se sienten nerviosas por sus habilidades en inglés.

Salim Barkat y su esposa, Nafisa, presentaron sus solicitudes de ciudadanía la semana pasada con la ayuda del Indo-American Center. Salim Barkat dijo que un amigo le contó sobre los aumentos de tarifas.

La pareja comenzó a ahorrar para solicitar la ciudadanía el año pasado. Nafisa Barkat trabaja en hogares de ancianos y Salim Barkat entrega comida de restaurantes a través de una aplicación.

“Si me convierto en ciudadano, (me sentiré) orgulloso, (me sentiré) bien”, dijo Salim Barkat. “Un día tienes que convertirte en ciudadano; ese día ha llegado”.

La pareja se mudó desde India al suburbio occidental de Addison en 2015 y les gustaría convertirse en ciudadanos para ayudar a sus hijos a inmigrar al país. Dijo que ambos han tenido problemas de salud recientemente y que les vendría bien la ayuda de sus hijos.

García Hernández, quien presentó su solicitud de ciudadanía la semana pasada, dijo que siempre quiso convertirse en ciudadana para poder votar. Llegó al país cuando tenía unos 4 años desde México.

Su hermano también quiere aplicar para convertirse en ciudadano, pero ella no está segura de que él pudiera reunir el dinero antes de la fecha límite. Le redujeron sus horas en el trabajo y sus finanzas se han visto afectadas, explicó.

“Recaudar más del 80% (la tarifa) durante una pandemia, es ridículo”, dijo. “Simplemente están alejando lo que podría haber sido la luz al final del túnel”.

Kathleen Vannucci, abogada de inmigración con sede en Chicago y vicepresidenta del capítulo local de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que estos cambios también afectarán a quienes soliciten un ajuste de estatus, por ejemplo para quienes buscan la residencia legal, porque USCIS ahora requerirá a las personas pagar tarifas separadas para obtener la autorización de trabajo y los documentos para viajar.

Los defensores de los inmigrantes dicen que ya estaban viendo un aumento en las denegaciones de exenciones de tarifas. Jaramillo, quien trabaja en la oficina de Waukegan para Caridades Católicas, comenzó a notar más denegaciones el año pasado y les dijo a sus clientes que incluyeran más documentación relacionada con sus ingresos. Sin embargo, dijo, eso no pareció cambiar los resultados.

Por lo general, Caridades solo maneja casos de Waukegan, pero comenzaron a ayudar a personas de Chicago debido a la cantidad de llamadas que recibieron en las semanas anteriores al cambio de tarifas que comenzará a aplicarse el viernes 2 deoOctubre. El aumento en la demanda se produce cuando ella y sus compañeros de trabajo tratan de cumplir con las restricciones a causa COVID-19.

“Siento que este es otro ataque que desalienta a las personas a solicitar la naturalización u obtener otros beneficios, lo que dificulta obtener un estatus legal”, dijo Jaramillo. “En general, es muy decepcionante”.

Los reportajes de Elvia Malagón sobre justicia social y desigualdad de ingresos son posibles gracias a una subvención de The Chicago Community Trust.