Editorial: La alcaldesa debería publicar rápidamente la investigación sobre la explosión fallida en La Villita

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Dieciocho meses es tiempo suficiente para que La Villita espere los detalles sobre una implosión fallida en la antigua planta de carbón que cubrió la comunidad en una nube de polvo en 2020.

El concejal Michael Rodríguez (22º) lo dijo, clara y directamente, en una conferencia de prensa en línea esta semana: Que “si hubo negligencia por parte de los departamentos o trabajadores de la Municipalidad”, los habitantes de La Villita merecen saberlo.

Lo merecen saber y rápidamente. La administración de la alcaldesa Lori Lightfoot debería publicar lo antes posible las conclusiones del reporte de la Oficina del Inspector General de Chicago (OIG, por sus siglas en inglés) sobre su investigación del incidente.

La catástrofe de la antigua estación generadora de Crawford por parte de Hilco Redevelopment Partners en abril de 2020 dejó una nube literal sobre La Villita y una capa de polvo que se asentó en los barrios circundantes cuando Hilco implosionó la chimenea de la antigua planta de carbón.

Los residentes de la comunidad predominantemente mexicanalatina—ya desproporcionadamente agobiados por la mayor amenaza de COVID-19— han estado esperando detalles, y justicia, desde entonces.

El OIG de Chicago presentó el mes pasado las conclusiones de su investigación, que la administración de Lightfoot debe considerar y responder. La Municipalidad puede hacer público el informe a finales de este mes —o no.

Si no, los residentes tendrán que esperar hasta el reporte trimestral del inspector general a mediados de enero.

No vemos ninguna razón por la que el reporte no debe publicarse lo antes posible después de que la administración de Lightfoot lo haya revisado y decida su curso de acción.

Los habitantes de La Villita, que quedaron rodeados de polvo en un fin de semana en el que la pandemia se agravaba, merecen saber por qué se produjo este épico fracaso medioambiental y exactamente quién debe responder por él.

La investigación del inspector general recomendaba la posible “destitución” de al menos un funcionario municipal y el castigo de al menos otros dos. Permitir que los detalles permanezcan en secreto crea otra barrera para los residentes que exigen, con razón, que el Ayuntamiento rinda cuentas sobre el incidente.

El mes pasado se publicó un grito de urgencia en la página de Facebook de la Organización de Justicia Ambiental de La Villita, en el que se decía que “30/60 días más para revisar [el] reporte es INACEPTABLE”.

Lo mismo ocurre con otros dos meses de espera para publicarlo.

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