Gobernador finalmente firma ley para una junta escolar electa de CPS

La alcaldesa actualmente nombra una junta de siete miembros, incluido el presidente, sin un proceso de aprobación.

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Mayor Lori Lightfoot speaks as Gov. J.B. Pritzker listens during a news conference outside the United Center in March.

Pat Nabong/Archivo Sun-Times

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El gobernador J.B. Pritzker firmó el jueves una legislación que marca el comienzo de una junta escolar electa en Chicago, a pesar de las fuertes objeciones de la alcaldesa Lori Lightfoot.

La alcaldesa actualmente nombra una junta de siete miembros, incluido el presidente, sin un proceso de aprobación. Ella se ha opuesto abiertamente a la nueva legislación, caracterizándola como la creación de una junta escolar “difícil de manejar”.

La nueva legislación, que el gobernador promulgó sin la fanfarria que ha acompañado a otras firmas de proyectos de ley, crearía 21 puestos en la junta en enero del 2025, inicialmente dividida entre 11 nombrados por la alcaldesa, incluyendo el presidente de la junta, y 10 miembros electos por votación.

En un comunicado, Pritzker dijo que el proyecto de ley que firmó “ayudará a los estudiantes y sus familias a tener una voz fuerte en las decisiones importantes sobre el sistema educativo en Chicago.

“Espero con interés las conversaciones en curso con la Asamblea General y la alcaldesa, en particular sobre las finanzas del distrito, la compensación de los miembros de la junta y las reglas de campaña,” dijo Pritzker.

Al igual que Pritzker, los legisladores dieron sus declaraciones escritas.

La representante estatal Delia Ramirez, demócrata por Chicago, quien defendió el proyecto de ley en la Cámara, dijo: “Sé que este proyecto de ley es una victoria significativa para la comunidad a la que sirvo”.

“Ver que se haga realidad es un testimonio de la capacidad de los habitantes de Chicago para recuperar su poder cuando se trata del futuro de nuestros hijos”, dijo Ramírez. “Una junta escolar electa es como se ve la democracia”.

Lightfoot también compartió sus pensamientos por escrito.

En una carta a Pritzker enviada el jueves, Lightfoot dijo que ella “ha argumentado durante mucho tiempo que necesitamos un cambio paradigmático en la gobernanza de nuestro sistema escolar”, pero el proyecto de ley enviado a Pritzker no era la mejor manera de llevar la reforma a las escuelas de la ciudad.

“Sigo extremadamente preocupado por varios componentes de la propuesta”, escribió Lightfoot en la carta.

En su declaración, el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) dijo que la nueva ley pone fin a una “lucha de décadas de padres, maestros de base y activistas comunitarios para brindar a nuestro distrito escolar los mismos derechos democráticos otorgados a todos los demás distritos del estado de Illinois”.

“Los estudiantes, las familias y los educadores ahora tendrán la voz que durante un cuarto de siglo les ha negado el fallido control de la Municipalidad sobre nuestras escuelas”, continúa el comunicado. “Chicago finalmente tendrá una junta electa responsable ante las personas a las que sirven nuestras escuelas, como debería ser”.

“También estamos pensando esta noche en nuestra querida presidenta (fallecida), Emerita Karen GJ Lewis, NBCT. Esta victoria es tanto de ella como de nuestra ciudad. Aquí está para ti, Karen”.

La ley recién firmada ordena que los primeros miembros electos se postulen en las elecciones generales de noviembre del 2024 por un período de cuatro años. Aunque la alcaldesa continuaría eligiendo al presidente de la junta, el Concejo Municipal tendría que confirmar esa elección.

La ciudad se dividiría inicialmente en 10 distritos para las elecciones de la junta escolar del 2024, luego se expandiría a 20 distritos para la boleta del 2026. Ese mapa deberá estar dibujado para febrero de 2022.

Todos los miembros electos de la junta se postularían en un distrito en particular, menos el presidente de la junta, quien se postularía en general. El vicepresidente sería un miembro elegido por el resto de la junta.

El proyecto de ley también establece una moratoria sobre el cierre, consolidación o eliminación de escuelas hasta que los nuevos miembros de la junta asuman el cargo a principios del 2025, y trasladaría el nombramiento del inspector general de CPS del ámbito de la alcaldesa a la junta electa.

La legislación entra en vigor el próximo junio.

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