La Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA, por sus siglas en inglés) ha concluido su investigación del oficial de policía de Chicago que disparó y mató a Anthony Álvarez durante una persecución a pie la primavera pasada en Portage Park.
El oficial Evan Solano le disparó varias veces por la espalda a Álvarez, de 22 años, durante una persecución a pie la mañana del 31 de marzo de 2021, en la cuadra 5200 al oeste de Eddy Street.
Se hará público un resumen de la investigación después de que haya sido revisada por el Superintendente de Policía David Brown.
En las imágenes capturadas por la cámara corporal de Solano, se puede ver un arma en la mano derecha de Álvarez, pero el video nunca muestra a Álvarez apuntando el arma hacia los oficiales. El tiroteo ocurrió solo dos días después de que un oficial de policía le disparó fatalmente a Adam Toledo, de 13 años, durante una persecución a pie en La Villita en la cual Toledo tampoco apuntó un arma.
En abril de 2021, COPA recomendó que Solano fuera despojado de sus poderes policiales durante la investigación, una medida inusual que significaría que el oficial sería asignado a tareas de oficina después de un descanso de 30 días.
La alcaldesa Lori Lightfoot rápidamente se opuso a la propuesta, calificándola como “demasiado” el despojar a un oficial de sus poderes y desafiando la justificación de COPA. Pero meses después, Brown actuó de acuerdo con la recomendación y relevó a Solano de sus deberes policiales.
Solano también fue objeto de una investigación policial interna luego de que un video viral grabado en mayo de 2021 lo mostrara bajándose de un Ford Mustang rojo y confrontando a un hombre con su arma en Logan Square.
Solano comenzó a trabajar como oficial de policía en período de prueba con el departamento en 2015, y desde su comienzo se han iniciado casi una docena de investigaciones sobre sus acciones por parte de la Oficina de Asuntos Internos de CPD y COPA, según sus registros de personal obtenidos por el Sun-Times.
Estas investigaciones incluyen violaciones a los derechos civiles en relación con paradas y allanamientos inadecuados, negligencia en el cumplimiento del deber y otras violaciones de los procedimientos departamentales.
