En una iglesia del lado oeste hace varios meses, Mary Gonzáles hizo una táctica clásica de organización comunitaria, pidiendo a un grupo de funcionarios electos y burócratas, que uno por uno frente a una multitud de cientos de personas, se comprometieran a hacer todo lo posible para reducir la contaminación en el barrio.
A cada persona se le preguntó: “¿Usted, dentro de su autoridad, actuará para reducir la contaminación del aire en los próximos dos años?”
Todos ellos, concejales, representantes estatales y ejecutivos del gobierno, respondieron: “Sí”.
Gonzáles, de 81 años, y otros miembros de la comunidad de Pilsen volvieron a poner presión el jueves por la noche en una reunión en la Iglesia Católica San Pablo en 2127 W. 22nd Place, pidiendo medidas enérgicas contra los contaminadores y pidiendo específicamente el cierre de una trituradora de metal cercana propiedad de Sims Metal Management.
Con el cierre en 2020 del sitio de trituración de autos, General Iron, en Lincoln Park y la posterior negación del Ayuntamiento de reabrirla en una nueva ubicación en el lado sureste, Sims, en 2500 S. Paulina St., es la única trituradora de metal de esta escala que sigue operando en Chicago, triturando autos, electrodomésticos grandes y otros artículos para su reutilización.
Gonzáles, junto con su hermana menor Theresa McNamara, de 61 años, ha estado organizando a los residentes de la comunidad, formando una coalición de grupos comunitarios, de salud y religiosos que incluye a la congregación de San Pablo de 6,000 miembros, donde Gonzáles dirige el comité de justicia social.
Incluso con el apoyo de la iglesia y de otros, Gonzáles dijo que sabe que enfrenta una dura lucha, pero que ella y su hermana se han inspirado en el trabajo de su madre, la activista de Pilsen, Guadalupe Reyes, quien murió en el 2000.
“Vamos a dar todo lo que tenemos”, dijo Gonzáles.
Sims está buscando aprobaciones estatales y municipales para seguir operando después de infringir las leyes de contaminación en los últimos años. El año pasado, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, demandó a la empresa por no demostrar que está limitando la liberación de sustancias químicas nocivas.
Esa demanda fue después de un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) hace casi cuatro años por violaciones de contaminación del aire en el que Sims acordó pagar $250,000.
Debra Shore, la administradora regional de la EPA federal en Chicago, estuvo entre los funcionarios que se comprometieron en la reunión de abril a trabajar para reducir la contaminación del aire. La EPA recientemente requirió que la compañía monitoreara los contaminantes peligrosos del aire y planea hacer públicos los resultados de esas pruebas.
“En todo momento, han sido actores de mala fe en la comunidad”, dijo McNamara, quien trabaja con una colección de grupos comunitarios llamada la Southwest Environmental Alliance, una de las líderes de la campaña anti-Sims.
La portavoz de Sims, Real Hamilton-Romeo, dijo que la compañía planea construir “controles de emisiones avanzados y de última generación” como parte de los requisitos establecidos por Raoul. La compañía también ha prometido comprometerse más con los residentes de la comunidad circundante.
Sims ha estado operando durante décadas. Pero eso fue antes de que la mayoría de la gente tuviera una comprensión clara del impacto acumulativo de la industria concentrada en la calidad del aire y la salud de las personas que viven cerca, dijo Gonzáles.
Sims, cuya operación arroja metales pesados, incluyendo el plomo, a la atmósfera, está cerca de tres escuelas y hogares.
Donald Wink, profesor de química de la Universidad de Illinois en Chicago que asesora a otro grupo comunitario, la Organización de Reforma y Derechos Ambientales de Pilsen (PERRO, por sus siglas en inglés), dijo que lo que más le preocupa son los niveles de plomo y otros metales tóxicos (cromo, cadmio, níquel y manganeso) que libera Sims.
Wink critica los planes de supervisión estatales y federales hasta el momento y dice que el esfuerzo de control de la contaminación ordenado por Raoul ya está en marcha, aunque no está claro cuánto metal y otros contaminantes se están liberando. Los metales dañinos podrían formar otros contaminantes a medida que se queman a altas temperaturas, según Wink, quien dijo que la agencia ambiental del gobernador J.B. Pritzker no tiene un plan adecuado para monitorear a la empresa.
Sims también está buscando un permiso de operación municipal, con una reunión comunitaria programada para el 19 de octubre en la secundaria Benito Juárez.
González, que se retiró hace aproximadamente una década de una carrera de organización de justicia social nacional e internacional con Gamaliel Network, también está presionando para que una ley estatal agregue protecciones para las comunidades gravemente afectadas por la contaminación. El proyecto de ley de justicia ambiental se estancó en la Legislatura de Illinois este año.
Sin tal ley, el sistema está en contra de comunidades como Pilsen, dijo.
Los reportajes de Brett Chase sobre el medio ambiente y la salud pública son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.
