Editorial: Demandar a fabricantes de armas podría salvar vidas

La industria de las armas ha seguido como si nada durante demasiado tiempo. Pero los estados están comenzando a responder.

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Julie Samuels, whose sister Lauren Bennett was shot twice in the Highland Park Fourth of July parade massacre, hugs attorney Antonio Romanucci after a Sept. 28 news conference in Northbrook about lawsuits Bennett and others filed,

Julie Samuels, cuya hermana Lauren Bennett recibió dos disparos en la masacre del desfile del 4 de julio en Highland Park, abraza al abogado después de una conferencia de prensa el 28 de septiembre sobre las demandas que presentaron.

Ashlee Rezin/Sun-Times

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Así como es difícil de comprender que solo una infracción por no pagar impuestos envió a Al Capone a prisión, puede parecer extraño que las demandas se estén convirtiendo en una herramienta importante para abordar la violencia armada desenfrenada.

Pero la decisión de los sobrevivientes y las familias de las víctimas del terrible tiroteo del desfile de Highland Park de demandar al fabricante de armas Smith & Wesson es la correcta. 

La industria de las armas y sus aliados han ayudado a propagar la violencia mientras eluden la responsabilidad durante demasiado tiempo. Debido a que la industria de las armas ha logrado crear una inmunidad legal casi generalizada, las demandas son una de las pocas formas efectivas de reducir la violencia armada.

Uno pensaría que hubieran habido repercusiones inmediatas y graves después de que siete personas murieran y más de 30 resultaran heridas en el desfile de Highland Park. Pero en 2005, los fabricantes de armas lograron que el Congreso les otorgara una amplia inmunidad frente a las demandas por delitos con armas. La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas no solo protegió a los fabricantes de armas de las demandas por delitos con sus productos, sino que también anuló las leyes estatales que podrían haber responsabilizado a las empresas por su negligencia.

Pero a principios de este año, los demandantes en una demanda por el asesinato de 20 niños pequeños y seis adultos en 2012 en Sandy Hook, Connecticut, ganaron un acuerdo de $73 millones. Los demandantes demostraron que Remington-Bushmaster, fabricante del arma utilizada en ese crimen, había violado la ley de publicidad y protección al consumidor de Connecticut.

Fue la primera vez que un fabricante de armas de fuego fue responsabilizado en una demanda presentada por víctimas de la violencia armada desde que se promulgó la ley de inmunidad en 2005.

Las demandas de Highland Park siguen el modelo de Sandy Hook al citar la comercialización del rifle semiautomático utilizado en el ataque por parte de Smith & Wesson. Los demandantes en 10 juicios, en nombre de más de 40 personas o entidades, también demandaron a dos tiendas de armas, Bud’s Gun Shop y Red Dot Arms, diciendo que vendieron de manera negligente e ilegal el arma homicida al presunto tirador, Robert E. Crimo III, en violación de las prohibiciones de armas de asalto en Highwood y Highland Park. Crimo se ha declarado inocente.

En la demanda, los abogados dicen que el tiroteo fue “totalmente prevenible”, y ocurrió solo por la negligencia de los acusados.

La industria de las armas ha seguido como si nada durante demasiado tiempo. Pero los estados están comenzando a responder. En julio, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una medida que les permite a las víctimas de la violencia armada demandar a los fabricantes de armas. También en julio, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que permite demandar a los vendedores, fabricantes y distribuidores de armas de fuego por causar molestias públicas. La Ley de Fraude al Consumidor de Illinois, que prohíbe el fraude al consumidor y las prácticas engañosas, es la base de las demandas de Highland Park.

Además, los grandes bufetes de abogados con amplios recursos ahora están comenzando a tomar casos contra la industria de las armas, lo que les brinda a las demandas una mejor oportunidad de éxito.

“Lo que hemos visto en todo el país es un intento deliberado de enfocarse los jóvenes como consumidores presentes y futuros [de las empresas de armas]”, nos dijo Dan Kotowski, presidente de Kids Above All. “El público no se ha dado cuenta de esto y no nota cómo se están dirigiendo deliberadamente a los niños. La demanda es una forma importante de crear conciencia sobre las prácticas peligrosas”.

Las demandas alegan que el “tirador era el tipo de consumidor joven susceptible al marketing engañoso e injusto de Smith & Wesson, y fue habilitado por su padre”. El padre de Crimo patrocinó la solicitud de su hijo para una tarjeta FOID (identificación de propietarios de armas de fuego).

Hasta ahora, la mayor parte de la conversación sobre la reducción de la violencia armada se ha centrado en encarcelar a las personas que han usado armas de fuego en delitos. La industria de las armas ha podido lavarse las manos del derramamiento de sangre porque ha tenido demasiadas personas en el poder en su bolsillo. Lo que estamos viendo ahora es un importante intento de responsabilizar a las personas por poner las armas en manos de delincuentes.

Resolver las demandas en los tribunales llevará años, y no está claro qué decidirá finalmente la Corte Suprema. La corte se negó a tomar el caso de Connecticut, lo que permitió que el acuerdo de Sandy Hook siguiera adelante, pero desde entonces se han agregado jueces de derecha a la corte.

Mientras tanto, la legislatura en la próxima sesión necesita prohibir los cargadores de gran capacidad y las armas de asalto en Illinois. Hacerlo a nivel estatal podría incitar al Congreso a promulgar tales prohibiciones a nivel federal.

Estados Unidos finalmente envió a Al Capone a prisión. También debe poner fin a la violencia armada actual.

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