Johnson presenta reformas para luchar contra el racismo ambiental

“En la mayor ciudad del mundo, ningún barrio debería tener que sufrir el peso de la contaminación más que ningún otro barrio”, dijo el alcalde.

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Activistas ambientales protestan frente al Ayuntamiento en junio. | Pat Nabong/Archivos Sun-Times

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Prometiendo poner fin a la práctica de acumular más problemas ambientales en las mismas comunidades del sur y el oeste, el alcalde Brandon Johnson propone una serie de reformas destinadas a cambiar las prácticas de la Municipalidad después de que el año pasado investigadores federales determinaran que Chicago viola los derechos civiles de sus residentes al concentrar empresas contaminantes en comunidades negras y latinas.

Las propuestas incluyen nuevas políticas para los departamentos de la Municipalidad que incluyen mejores tiempos de respuesta a las quejas ambientales, control del aire y medidas para reducir la contaminación atmosférica, participación pública en torno a la planificación y el desarrollo, e inversiones en las llamadas comunidades de justicia ambiental, zonas que reciben una parte desproporcionada de la contaminación.

La administración de Johnson también le pedirá al Concejo Municipal que apruebe nuevas leyes relacionadas con la planificación y la zonificación que hagan más difícil seguir ubicando empresas contaminantes en las mismas comunidades que históricamente las han recibido, todas ellas en los lados sur y oeste.

Según el plan, se convertiría en ley el contenido de un acuerdo vinculante con el Departamento de Vivienda y Desarrollo (HUD, por sus siglas en inglés) que promete poner fin a las prácticas discriminatorias.

“En la mayor ciudad del mundo, ningún barrio debería tener que sufrir el peso de la contaminación más que ningún otro barrio”, declaró Johnson en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento flanqueado por activistas comunitarios. “El momento de actuar por la justicia ambiental es ahora”.

El HUD concluyó en 2022 una investigación de más de año y medio sobre Chicago, después de que grupos comunitarios del lado sureste denunciaran que el traslado previsto de la chatarrería General Iron de Lincoln Park al lado este era discriminatorio. Los investigadores coincidieron en que trasladar el negocio, considerado una molestia en el vecindario blanco y acomodado, a una comunidad latina rodeada de zonas residenciales negras era una violación de los derechos civiles.

Aunque la alcaldesa Lori Lightfoot negó el permiso para que la chatarrería reubicada abriera en el lado sureste, en la calle 116 junto al Río Calumet, el propietario del negocio está pidiendo a un juez que anule esa decisión.

Lightfoot firmó el acuerdo vinculante con la administración del Presidente Joe Biden en primavera, justo antes de que Johnson tomara posesión de su cargo.

“Se trata de un logro en un viaje mucho más largo”, declaró Olga Bautista, que dirige uno de los grupos comunitarios del lado sureste que presentaron la denuncia por violación de los derechos civiles.

Tras un estudio realizado en toda la ciudad sobre el impacto acumulativo de la contaminación y otras tensiones sociales que comenzó en la primavera de 2022, Chicago define ahora un área más amplia de lo que denomina comunidades de justicia ambiental que incluyen a Austin, East Garfield Park y West Garfield Park, Englewood, Humboldt Park, Roseland y otras zonas de los lados sur y oeste.

Según la Municipalidad, estas comunidades se ven afectadas por la industria y el intenso tráfico de las carreteras más transitadas, y se unen a otros barrios previamente identificados como afectados por un exceso de contaminación, entre ellos La Villita, McKinley Park, Pilsen, East Side y South Deering.

“Ahora tenemos una hoja de ruta para combatir estas desigualdades”, declaró Johnson.

Kim Wasserman, que dirige la Organización de Justicia Ambiental de La Villita (LVEJO, por sus siglas en inglés), estaba visiblemente emocionada cuando se unió a Johnson en la rueda de prensa.

“Gracias alcalde por darnos la oportunidad de respirar”, dijo.

El análisis tuvo en cuenta tanto la cantidad de contaminación como otras tensiones sociales comunes en las comunidades de color, en su mayoría de bajos ingresos.

“Estas son las zonas con mayor presión ambiental y social combinada”, declaró Megan Cunningham, subdirectora del Departamento de Salud Pública de la Municipalidad, que supervisó el estudio de la carga acumulativa.

Ángela Tovar, la máxima responsable de medio ambiente de la Municipalidad contratada por Lightfoot, empezó a hablar de una ordenanza municipal para combatir la carga acumulativa de contaminación en 2020.

“Se trata de un proceso que ha llevado años, porque pensar en lo que estamos haciendo requiere un cambio sistémico”, afirmó Tovar.

El plan también exige datos accesibles al público sobre una serie de factores ambientales, como los niveles de contaminación por comunidades, las ubicaciones históricas de la industria sucia y los índices de enfermedades crónicas en niños.

El plan de la Municipalidad también se creó tras la colaboración con varias organizaciones de justicia ambiental, entre ellas el grupo de Wasserman y People for Community Recovery.

Cheryl Johnson, cuyo grupo People for Community Recovery ayudó a presentar la denuncia ante el HUD, calificó la colaboración con el Ayuntamiento como “un compromiso de que nuestra experiencia vivida informará los cambios en un sistema racista de zonificación en Chicago.”

Los reportajes de Brett Chase sobre medio ambiente y salud pública son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.

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