WASHINGTON, D.C. - Los funcionarios de estadística de la Oficina del Censo de los Estados Unidos están bajo una presión significativa de los designados políticos de Trump para averiguar quién está en el país sin documentos, y les preocupa que cualquier informe de ese tipo se produzca en los últimos días de la administración Trump, según la agencia de vigilancia de la oficina.
“A los funcionarios de la Oficina les preocupa que los datos incompletos puedan malinterpretarse, utilizarse incorrectamente o empañar la reputación de la Oficina”, dijo la Inspectora General Peggy Gustafson en el memorando al director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham.
Dos personas designadas por Trump para ocupar los puestos más altos en la Oficina del Censo, Nathaniel Cogley y Benjamin Overholt, son la fuerza impulsora, según un memorando de la Oficina del Inspector General publicado el martes. Los nombramientos de Cogley y Overholt el año pasado fueron muy criticados por otros estadísticos, académicos y legisladores demócratas, a quienes les preocupaba politizar el censo que se lleva acabo una vez por década.
Dillingham fijó como fecha límite el viernes para que los estadísticos de la oficina le proporcionen un informe técnico sobre ese esfuerzo, dijeron los denunciantes a la Oficina del Inspector General.
El memo de Gustafson le pidió a Dillingham que respondiera para qué intenta usar la información y por qué la estaba haciendo en una prioridad. La Oficina del Censo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.
El presidente Donald Trump ordenó hace dos años a la Oficina del Censo que use sus registros para averiguar quién está en el país indocumentado después de que la Corte Suprema bloqueó el esfuerzo de su administración para incluir una pregunta de ciudadanía en el cuestionario del censo de 2020. La agencia de estadística no ha dicho públicamente qué método está utilizando que haga eso.
Los denunciantes le dijeron a la Oficina del Inspector General que la Oficina del Censo no ha establecido reglas para categorizar el estatus de ciudadanía de los residentes del país.
La información sobre el estatus de ciudadanía de cada residente podría usarse para implementar otra orden de Trump que busque excluir a las personas indocumentadas del recuento utilizado para dividir los escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral, así como la distribución anual de $1.5 billones federales entre los estados.
Un influyente asesor republicano había abogado por excluirlos del proceso de distribución para favorecer a los republicanos y a los anglosajones. La orden sin precedentes de Trump sobre el reparto fue impugnada en más de media docena de demandas en los Estados Unidos, pero la Corte Suprema dictaminó el mes pasado que cualquier impugnación fue prematura.
La capacidad de implementar la orden de Trump está en cuestión ya que el procesamiento de los datos no está programado para realizarse hasta principios de marzo, muchas semanas después de que Trump deje el cargo y el presidente electo Joe Biden preste juramento el 20 de enero. Biden ha dicho que se opone al esfuerzo.
Cuando se le preguntó el lunes si había ideado un método para determinar la ciudadanía, la Oficina del Censo dijo en un comunicado que los datos del censo de 2020 aún se estaban procesando y que debían terminarse antes de que se pudiera implementar la orden presidencial.
En un tuit, la senadora estadounidense Jeanne Shaheen dijo que Trump había hecho su misión manipular el censo de 2020.
“Su politización del censo de 2020 ha sido peligrosa y destructiva para nuestra institución democrática. Eso termina en 8 días. Trabajaré con el administrador de Biden para revertir estas políticas y reparar el daño que causó Trump”, tuiteó Shaheen, demócrata por New Hampshire, el martes.
Los estadísticos de la Oficina tampoco comprenden completamente los datos, ya que partes provienen de fuera de la oficina y les preocupa que los datos incompletos puedan malinterpretarse, dijeron.
“Un empleado de alto rango de la Oficina fue tan lejos como para decir que este trabajo es estadísticamente indefensible”, decía el memorando del Inspector General.
Robert Santos, presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística, elogió el miércoles a los denunciantes por manifestar sus preocupaciones.
“Si es que se deben generar esos datos, deben ser de la más alta calidad”, dijo Santos. “Obligar a la Oficina del Censo a generar datos defectuosos para cumplir una fecha límite arbitraria va en contra del compromiso de la Oficina con la integridad científica y haría un daño inconmensurable a su reputación como una operación estadística de clase mundial”.
