Jóvenes de DACA en Chicago enfrentan un futuro incierto

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Cuando Luis Rodríguez estaba en la secundaria, se encontró una solicitud para aplicar a la protección de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pero pensó que necesitaba un abogado para presentarla.

Rodríguez, ahora de 20 años, sabía que no podía pagarle a un abogado, aunque más tarde se enteró de que organizaciones de defensa de los inmigrantes podían ayudarlo a presentar la solicitud. Para cuando ahorró suficiente dinero para pagar la tarifa que cobra el gobierno por presentar la solicitud, la administración del presidente Donald Trump anunció en 2017 sus planes de terminar con el programa.

En los años siguientes, el futuro de DACA estuvo en peligro.

A principios de este año, la Suprema Corte de Estados Unidos confirmó la vigencia del programa y dictaminó que la administración no buscó terminarlo de la manera más adecuada. Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes creyeron que eso significaba que DACA volvería a funcionar antes de que la administración Trump buscara ponerle fin nuevamente, y que significaría que aquellos que llenaran la solicitud por primera vez obtendrían los beneficios.

El programa DACA permite que los inmigrantes obtengan una autorización para trabajar y les brinda protección contra una posible deportación.

Pero este verano, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos determinó que el gobierno rechazaría todas las solicitudes de aquellos que pedían por primera vez la protección de DACA y, además, exigiría a los beneficiarios actuales que renueven su estatus cada año, en lugar de cada dos años.

“A medida que el Departamento continúa analizando qué políticas seguir y considerar acciones futuras, el hecho es que el Congreso debería actuar sobre este asunto”, dijo el Secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, en un comunicado de prensa sobre la decisión. “Hay importantes razones de política que pueden justificar la rescisión total de DACA”.

Esa decisión significó que Rodríguez y otros inmigrantes que podrían haber sido elegibles para DACA continuarán excluidos del programa, lo que aumenta la incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos.

“Ha sido una montaña rusa emocional”, dijo Rodríguez acerca de las semanas posteriores al fallo de la Suprema Corte. “No quería hacerme demasiadas ilusiones... Luchamos por lo que queremos y lo volveremos a hacer”.

Puede registrar a otros, pero no puede votar

Rodríguez, que vive en los suburbios del suroeste, ha llamado a Chicago su hogar desde que tenía tres años. Cuando estaba en la escuela primaria se enteró de que era indocumentado, después de preguntarse por qué muchos de sus amigos viajaban a México de vacaciones pero su familia nunca lo hacía. Pero realmente no comprendió lo que significaba ser indocumentado hasta que creció.

Está tratando de obtener un título en un colegio comunitario, pero recientemente tuvo que tomarse un semestre libre para ayudar más a su familia. Ha querido ser arquitecto desde que era niño.

En los meses previos a las elecciones, ayudó al Proyecto de Inmigrantes de los Suburbios del Sudoeste a registrar personas para votar, acudiendo a mercados y negocios locales.

“Me esfuerzo en eso porque yo no puedo [votar]”, dijo Rodríguez. “Cada persona que inscribo para votar es como si fuera un voto por mí, básicamente”.

Vanessa Esparza-López, abogada del Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo que los memorandos que el gobierno ha emitido desde el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos parecen indicar que el Departamento de Seguridad está haciendo una revisión exhaustiva del programa DACA mientras la administración Trump intenta cumplir con su idea de terminarlo.

“Si la administración no cambia con las elecciones, es probable que intenten poner fin al programa una vez más”, dijo Esparza-López, quien reconoció que ella estaba entre los que interpretaron el fallo de la Suprema Corte en el sentido de que los solicitantes por primera vez serían aceptados.

Durante el debate presidencial del 22 de octubre, Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, dijo que certificaría inmediatamente los beneficios de DACA y crearía un camino dentro de los 100 días en el cargo para que los inmigrantes indocumentados eventualmente obtengan la ciudadanía.

Rich Hein/Sun-Times

Una encuesta del Pew Research Center publicada en junio encontró que alrededor del 74% de los estadounidenses están a favor de brindar estatus de protección legal a los inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños. Pero el apoyo a tal medida difiere según el partido político al que apoyan.

La encuesta encontró que el 91% de los que se identifican como demócratas o con inclinación demócrata apoyarían tal medida en comparación con el 54% de los que son republicanos o con inclinación republicana.

Anthony Vazquez/Sun-Times

Giselle Rodríguez, de Waukegan, tampoco pudo aplicar para el programa DACA. Pero incluso si el programa aceptara solicitudes, ella no lo ve como la solución completa a su situación en el país, señalando que ha habido casos de personas que habían recibido los beneficios de DACA y que aún así fueron deportadas.

Al igual que otros defensores de los derechos de los inmigrantes, Rodríguez quiere que se desmantele el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la rama del Departamento de Seguridad Nacional que lleva a cabo las deportaciones.

“La comunidad sigue siendo atacada y ellos (el “ICE”) no tienen absolutamente ninguna vergüenza de lo que hacen”, dijo Rodríguez, después de hablar en un mitin pro-inmigración en el Loop a principios de este mes.

Rodríguez, de 23 años, ha estado en Estados Unidos desde hace más más de una década. No solicitó DACA porque un abogado le dijo que no era elegible. Algunos de sus amigos que estaban en una situación similar tuvieron miedo de postularse, porque alegan que el gobierno tendría su información.

Aún así, pudo obtener una carrera a través de becas y recientemente se graduó con una maestría en la Universidad de Chicago. Trabaja como contratista independiente para varias organizaciones de defensa.

“Específicamente me apasiona mucho hacer que la educación superior sea accesible para los estudiantes indocumentados”, dijo Rodríguez. “Porque muchos estudiantes de último año que se están graduando no pueden postularse para el DACA porque no están aceptando nuevas solicitudes”.

“Cada pequeña cosa es un problema”

Pablo Aranda, de 18 años, del vecindario de Pilsen en Chicago, aplicó para la protección de DACA después del fallo de la Suprema Corte Suprema, con la esperanza de que esa decisión haría que los solicitantes primerizos, como él, fueran aceptados. Pero luego, dijo, recibió una carta de rechazo.

Está estudiando empresas en la Universidad DePaul y le gustaría obtener la protección de DACA para poder solicitar ayuda federal. Aranda dijo que hasta ahora ha dependido de becas privadas para pagar sus cursos. Debido a que es indocumentado, Aranda dijo que no puede conseguir un trabajo que le ayude a pagar la matrícula universitaria.

“Son muchas cosas que uno no pensaría dos veces como ciudadano estadounidense, pero para nosotros es diferente”, dijo Aranda. “Cada pequeña cosa es un problema”.

Está trabajando con la Iglesia Metodista Unida de Lincoln y la organización Right2Family para explorar qué opciones legales pueden tener él y otros en su misma situación para desafiar la negativa de nuevas solicitudes.

Jaclyn Kelley-Widmer, profesora asociada de derecho en la Facultad de Derecho de Cornell, trabaja en una clínica jurídica que se ocupa de los casos de DACA. Incluso antes del fallo del máximo tribunal este verano, ella estaba evaluando la situación de muchos inmigrantes para ver si son elegibles para alguna otra forma de ayuda, ya que ese programa es temporal y se ha politizado.

Algunos de los beneficiarios de DACA podrían solicitar asilo, mientras que otros podrían tener una petición familiar pendiente que no conocen y que podría ayudarles a obtener una visa, dijo Kelley-Widmer. También explora otros tipos de ayuda humanitaria, otorgada a personas que sobrevivieron a ciertos tipos de delitos o que ayudaron a las fuerzas del orden para procesar a los delincuentes.

Esparza-Lopez dijo que le han estado diciendo a las personas que podrían ser elegibles para DACA que preparen su papeleo y que ahorren fondos para pagar la tarifa de una solicitud en caso de que un litigio futuro conduzca a abrirle una ventana de oportunidad para aquellos que hacen el trámite por primera vez.

Los reportajes de Elvia Malagón sobre justicia social y desigualdad de ingresos son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.