Los federales deberían investigar a la Municipalidad por trasladar la industria ‘pesada’ a vecindarios de bajos recursos, dicen activistas

La alcaldesa Lori Lightfoot y el concejo municipal continúan llevando a cabo prácticas discriminatorias, alega la denuncia.

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El papel que asumió la Ciudad de Chicago al ayudar a la trituradora de metales General Iron a mudarse del acomodado vecindario blanco de Lincoln Park a un vecindario de mayoría latina en el lado sureste, para poder dar paso a la remodelación de Lincoln Yards, violó las leyes federales de vivienda justa y debería ser investigado, dicen grupos comunitarios.

La medida es un ejemplo más de años de prácticas injustas de zonificación y uso de la tierra que discriminan a los residentes negros y latinos mientras benefician a los vecindarios blancos que han visto dispararse el valor de sus casas, dijeron los grupos en una denuncia presentada este miércoles ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). Estas prácticas por mucho tiempo violan la Ley federal de Vivienda Justa y se debe ordenar a la ciudad que cambie la forma en que planifica y establece las zonas para las operaciones industriales que contaminan, dicen los grupos.

“La Municipalidad ha discriminado ilegalmente a las clases protegidas en base a su larga historia de trasladar usos industriales a comunidades de color de bajos ingresos”, alega la denuncia, señalando un acuerdo en septiembre de 2019 entre la Municipalidad y General Iron que establece la mudanza a la comunidad del East Side para dar paso al planeado desarrollo residencial y comercial de Lincoln Yards, de $6 billones, en Lincoln Park.

La Municipalidad apoya el traslado del General Iron al sureste, según la denuncia, a pesar de años de quejas y acciones de la Ciudad de Chicago que alegan contaminación y violaciones por causar molestia en Lincoln Park. La instalación en el norte ha sido la fuente de humos nocivos, explosiones, polvo que se trasladó fuera de los límites de su operación y de una sustancia llamada pelusa de trituradora de automóviles que se genera al triturar chatarra de autos, dijeron los grupos.

La Municipalidad recibe varios tipos de fondos de HUD, señala la denuncia. Como parte de su acuerdo de financiación, la Muncipalidad debe cumplir con la Ley de Vivienda Justa. Si HUD accede a investigar, podría presionar a la Municipalidad para que revise su planificación y desarrollo.

Un portavoz de HUD dijo que la agencia está revisando la denuncia, que fue presentada por el Grupo de Trabajo Ambiental del Sureste, la Coalición del lado Sudeste para Prohibir el Coque de Petróleo y la organización People for Community Recovery.

“Exigimos el fin de las políticas que afianzan el racismo ambiental”, dijo Peggy Salazar, directora del Grupo de Trabajo Ambiental del Sureste, durante una conferencia de prensa el jueves.

Los grupos afirman que Chicago tiene una “larga e infame historia de segregación” y las ordenanzas de la ciudad permiten operaciones industriales pesadas cerca de hogares, escuelas y parques.

La denuncia dice que la planificación del papel de la Municipalidad para el desarrollo de Lincoln Yards, en Lincoln Park, fue discriminatoria ya que la administración del entonces alcalde Rahm Emanuel y el Ayuntamiento de Chicago ayudaron a trasladar las operaciones industriales pesadas, como la de General Iron, a vecindarios negros y latinos de bajos ingresos.

En su queja, los grupos citan correos electrónicos de funcionarios de la Municipalidad, obtenidos a través de solicitudes de registros abiertos, que dicen que prueban que la administración de Emanuel mostró un trato favorable hacia General Iron y hacia la familia Labkon, que en ese entonces era propietaria de la empresa. Durante más de 20 años los Labkon hicieron cientos de miles de dólares en donaciones políticas, incluidas contribuciones a la campaña de Emanuel, según muestran los registros de la Junta Electoral Estatal.

La alcaldesa Lori Lightfoot y el concejo municipal continúan llevando a cabo prácticas discriminatorias, alega la denuncia. Los grupos utilizan el lenguaje del propio informe reciente de la administración de Lightfoot sobre la calidad del aire en Chicago que afirma que “el racismo estructural y las dificultades económicas” contribuyen a generar una brecha en la equidad en la ciudad “haciendo más probable que ciertas personas vivan en comunidades contaminadas”.

Un acuerdo firmado hace casi un año entre la administración Lightfoot y General Iron significó la “acción desencadenante” para presentar la queja discriminatoria de la Ley de Vivienda Justa, dijeron los grupos. Ese acuerdo ayuda al General Iron a dejar su antiguo hogar en el norte de la ciudad antes de fin de año.

En un comunicado, una portavoz de Lightfoot reiteró una promesa reciente de la alcaldesa de respaldar una ordenanza de reforma de la zonificación, calificando esa acción como “un primer paso para abordar los problemas históricos de nuestra ciudad relacionados con la justicia ambiental”.

La denuncia señala otras áreas de Chicago hacia donde fueron trasladadas operaciones industriales como resultado de la remodelación de Lincoln Yards, que reemplazará un corredor industrial que durante mucho tiempo funcionó en el lado norte de Chicago.

La acerera A. Finkl & Sons, por ejemplo, se mudó al 1355 E. 93rd St. en el vecindario de Burnside, de mayoría predominantemente negra.

La Municipalidad está reubicando en Englewood, una comunidad que es casi 98% negra, las operaciones de su flota de vehículos, haciendo que todos los vehículos de la Municipalidad, incluidos los camiones de bomberos y los camiones de basura, reciban ahí mantenimiento y reparación

En el pasado, los funcionarios de la ciudad enfatizaron el desarrollo económico y los nuevos empleos que vendrían con las mudanzas, pero la queja alega que “el papel principal asumido por la Municipalidad al permitir las reubicaciones se produjo en respuesta a la presión pública significativa de los residentes de Lincoln Park y los funcionarios electos”.

“Las prácticas de uso de la tierra en Chicago han sido discriminatorias”, dijo Cheryl Johnson, quien por mucho tiempo ha sido activista y directora ejecutiva de la organización People for Community Recovery. “Eso es totalmente racista”.

Los reportajes de Brett Chase sobre medio ambiente y salud pública son posibles gracias a una subvención de The Chicago Community Trust.

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