Crystal McGee, al igual que muchos otros adultos mayores, tuvo sus dudas al principio sobre la gravedad de la pandemia de coronavirus.
Pero poco tiempo después McGee, de 73 años, se enteró de que al menos 11 residentes del West Point Plaza en el lado oeste de la ciudad, el edificio para ancianos que ella llama hogar, se habían contagiado de COVID-19. McGee y la organización de inquilinos del edificio intensificaron sus esfuerzos para designar ‘capitanes’ por piso, encargados de controlar diariamente la salud del resto de sus vecinos.
“Una vez que anunciamos que había personas enfermas en el edificio, los otros inquilinos comenzaron a cooperar más” con los controles de seguridad, dijo McGee.
Ahora, cinco meses después de la pandemia, McGee y otros adultos mayores de 60 años de Chicago están revisando la nueva ordenanza de seguridad para personas mayores que fue aprobada por el Concejo Municipal a finales de julio y entró en vigencia esta semana.
La “ordenanza de seguridad para personas mayores” establece que los propietarios y administradores de edificios están obligados a hacer controles de bienestar similares a los que ya estaba haciendo la asociación de inquilinos en el edificio de McGee.
El objetivo es establecer un protocolo de seguridad para los edificios donde viven personas de la tercer edad durante emergencias de salud pública. Eso incluye controles de bienestar al menos dos veces por semana, que requieren que el personal ayude a los residentes con la entrega de medicamentos y alimentos, implementando también un régimen de limpieza y restringiendo el acceso a cada edificio.
La ordenanza fue introducida en abril por la concejal Maria Hadden (distrito 49). Leslie Perkins, jefa del personal en la oficina de Hadden, dijo que los abogados del Jane Addams Senior Caucus y del Shriver Center tenían que trabajar con la Municipalidad para asegurarse de que la ordenanza pudiera ejecutarse.
Por ahora, Perkins dijo que alienta a las personas mayores a que llamen a la oficina de su concejal para reportar violaciones, aunque a la oficina de Hadden eventualmente también le gustaría ver que las denuncias fueras hechos a través del sistema 311 de la ciudad.
“Muchos han estado viviendo con mucho miedo y ansiedad durante los últimos meses, así que es bueno tener una reglamentación que pueda ayudarles”, dijo Perkins.
Marsha Cole, de 67 años, es miembro del Jane Addams Senior Caucus, una organización con sede en Chicago que trabaja en temas relacionados a los adultos mayores, como el acceso a la vivienda, y estuvo entre quienes se pasaron cuatro meses redactando e impulsando esta nueva ordenanza.
Ahora Cole se encuentra entre los que trabajan con los funcionarios de Chicago para firmar los carteles que se colocarán dentro de los edificios para informar a los residentes sobre la nueva ordenanza. Los adultos mayores también están presionando para que haya intérpretes disponibles para hablar con cualquiera que no hable inglés durante el control de bienestar.
“(Los propietarios de edificios) tendrán que asumir la responsabilidad de llamar a sus inquilinos, no solo para cobrarles la renta”, dijo Cole.
A pesar de haberse mudado de Rogers Park a Evanston, Cole dijo que está comprometida a garantizar que se implementen las nuevas medidas de seguridad. Le gustaría que se adoptaran medidas similares en Evanston y en otros suburbios del condado de Cook para proteger a las personas mayores que viven fuera de Chicago.
Cole dijo que está en el proceso de formar un comité que verificará el cumplimiento de esa ordenanza en toda la ciudad. La medida requiere que los edificios mantengan un registro de las revisiones y limpiezas. La Municipalidad podría imponer multas que van desde los $100 a los $500 por violaciones a la ordenanza.
“Debido a que nos mantuvimos unidos y a que hay poder en los números, pudimos aprobar (la ordenanza); no vamos a promover su aprobación y luego alejarnos”, dijo Cole. “Vamos a darle un seguimiento a su aplicación”.
En Chicago, más de 13,800 residentes de 60 años o más han dado positivo por COVID-19, según datos del Departamento de Salud Pública de Chicago. Las personas mayores de 70 años representan el 58% de las muertes relacionadas con COVID-19 en Chicago, según los datos oficiales más actualizados.
Los reportajes de Elvia Malagón sobre justicia social y desigualdad de ingresos son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.
