Trabajadores de guarderías estatales reciben el mandato de vacunación

Cualquier persona que no esté completamente vacunada antes del 3 de diciembre estará obligada a hacerse la prueba del virus al menos una vez a la semana o hasta que estén completamente vacunados.

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Day care employees motion for cars to halt while walking a trail of toddlers across a North Side street in 2007.

Empleados de una guardería se pasean con un grupo de niños pequeños por una calle del North Side en 2007. | John J. Kim/Archivo Sun-Times

La Voz es la sección en español del Sun-Times, presentado por AARP Chicago. 

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El viernes, el gobernador J.B. Pritzker emitió una orden ejecutiva que obliga al personal de las guarderías infantiles estatales a recibir la vacuna COVID-19 para principios de diciembre o a someterse a pruebas semanales.

En un comunicado, Pritzker dijo que las vacunas salvan vidas “para las personas que las reciben y hacen que la comunidad sea más segura para las personas que no pueden hacerlo, incluidos los bebés, los niños pequeños y los niños que aún no son elegibles para la vacuna”.

“Al ampliar los requisitos de vacunación o prueba a quienes trabajan en guarderías con licencia, estamos añadiendo otro nivel de protección para nuestros residentes más jóvenes y previniendo brotes en las guarderías a medida que más y más padres regresan al trabajo”, dijo el gobernador.

La orden afectará a más de 55,000 miembros del personal de guarderías licenciadas en todo el estado. Esas instalaciones dependen del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois. Los empleados deberán recibir su primera vacuna antes del 3 de diciembre y su segunda dosis antes del 3 de enero de 2022, si la requieren.

Cualquiera que no esté completamente vacunado antes del 3 de diciembre—así como aquellos que no puedan o no quieran vacunarse—estarán obligados a hacerse la prueba del virus al menos una vez a la semana o hasta que estén completamente vacunados.

Gov. J.B. Pritzker speaks at a news conference in August.

El gobernador J.B. Pritzker habla en una conferencia de prensa en agosto. | Ashlee Rezin/Archivo Sun-Times

Pero un grupo de legisladores estatales republicanos sostienen que el mandato hará que haya menos trabajadores de guardería disponibles para cuidar a los niños de Illinois.

El mandato se produce mientras el Departamento de Salud Pública de Illinois reportó el número más bajo de personas hospitalizadas por COVID-19 en casi tres meses y un posible aplanamiento continuo del número total de casos.

El departamento informó de 15,131 nuevos casos confirmados y probables del coronavirus y 183 muertes desde el pasado viernes.

Esto supone unos 2,162 casos diarios en la última semana y 26 muertes. El número más reciente de casos semanales refleja un descenso del 3.6% comparado a los 15,669 nuevos casos que el departamento de salud pública del estado notificó la semana pasada. La cifra semanal de muertes es sólo una menos que la de la semana anterior.

Pero las hospitalizaciones, que normalmente van por detrás de los contagios, registraron un descenso más agudo. Hasta el jueves por la noche, 1,277 residentes estaban hospitalizados por COVID-19 en todo el estado. Es el número más bajo de camas ocupadas desde el 5 de agosto.

El promedio de siete días de la tasa de positividad de casos en todo el estado se mantuvo estable en el 2%.

Más del 69% de los residentes del estado han recibido al menos una inyección de la vacuna contra el COVID-19, y el 54% de los habitantes de Illinois están totalmente vacunados.

La orden del viernes de Pritzker es la última que obliga a los trabajadores del estado a vacunarse o a someterse a pruebas de detección del coronavirus.

En agosto, la gobernadora anunció la obligación de vacunar a todos los maestros y personal de preescolar hasta el 12º grado, al personal y estudiantes de las universidades, a los trabajadores de salud y a otras personas que se reúnen para frenar la propagación del virus.

El jueves, más de 130 trabajadores municipales—incluidos miembros del Departamento de Bomberos de Chicago—presentaron una demanda, alegando que los mandatos de vacunación impuestos por la Municipalidad y el estado son inconstitucionales.

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