El propietario de una controvertida operación de trituración de metales que se propone abrir en el lado sureste está demandando a la Municipalidad en un tribunal federal por más de $100 millones, alegando que la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot rompió un contrato al retener un permiso debido a la preocupación por la contaminación.
Southside Recycling, antes conocida como General Iron en Lincoln Park, quiere que un juez ordene a la Municipalidad que emita un permiso final que permita la apertura de una nueva instalación en al este de la calle 116th y el Río Calumet. Este mes, Lightfoot dijo que retrasaría el permiso hasta que se pudiera completar una evaluación ambiental. Esta decisión se tomó tras una petición del administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) del presidente Joe Biden.
“El fracaso de la Municipalidad para emitir el permiso a Southside Recycling ha causado un daño significativo y potencialmente permanente al negocio de Southside Recycling”, dijo la queja de la compañía.
En septiembre del 2019, la administración de Lightfoot firmó un acuerdo de dos páginas con General Iron y Reserve Management Group (RMG), que en ese momento proponía comprar la operación de trituración y trasladarla al lado sureste, donde tiene operaciones ya existentes. Ese acuerdo establecía los planes para el cierre de las instalaciones en Lincoln Park, que se produjo a finales del 2020. RMG comenzó a construir su nueva operación, que según la demanda costó $80 millones. La empresa dice que cumplió su parte del acuerdo durante el proceso de obtener el permiso y que la Municipalidad debe atenerse a sus propios términos.
Los opositores comunitarios a la nueva instalación de trituración han dicho que la mudanza es un caso de racismo ambiental porque traslada un negocio contaminante de un barrio blanco y rico a una comunidad de mayoría latina en el lado sur.
“Ni la ley ni el acuerdo permiten que la ciudad abandone sus obligaciones y, en su lugar, atienda esta falsa narrativa,” RMG dijo en su queja.
Activistas ocupan la intersección de las calles Milwaukee, Diversey y Kimball durante una protesta en marzo contra el traslado de General Iron al lado sureste.
Tyler LaRiviere/Sun-Times file
La demanda de la compañía presenta una serie de argumentos que RMG ha repetido durante más de un año al abordar las objeciones a su traslado al lado sureste. Pero también acusa a la Municipalidad de violar sus derechos constitucionales como propietario. Al no emitir un permiso definitivo para operar en su propio terreno, la demanda afirma que la Municipalidad “ha tomado efectivamente el valor de la propiedad de RMG sin una compensación justa”.
“Esta expropiación ilegal es especialmente pronunciada porque la Municipalidad convenció a RMG para que cesara permanentemente las operaciones en las instalaciones del lado norte y construyera una nueva instalación en el lado sureste”, dice la demanda.
El papel de la Municipalidad en el traslado de General Iron al lado sureste está en el centro de una investigación federal sobre derechos civiles que lleva a cabo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Este departamento también ha pedido a Lightfoot que no conceda el permiso hasta que finalice la investigación.
En una respuesta, la Municipalidad dijo que “ha llevado a cabo un proceso reflexivo, basado en datos, que ha tenido en cuenta la solicitud, los materiales complementarios, los reportes y estudios de expertos, así como las aportaciones de los residentes que se verán más directamente afectados por el nuevo uso propuesto de RMG. Dada la reciente directiva de la EPA, debemos trabajar con ellos para llevar a cabo un nuevo análisis de los posibles impactos ambientales adversos. Dado que este asunto se encuentra en fase de litigio, no haremos más comentarios”.
Contribuyendo: Jon Seidel
Los reportajes de Brett Chase sobre el medio ambiente y la salud pública son posibles gracias a una subvención de The Chicago Community Trust.
