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Editorial: Los trabajadores de DCFS con clientes de origen latino deben saber hablar español

Por casi 50 años, la agencia que cuida a los niños más vulnerables de Illinois no ha cumplido plenamente con una orden judicial federal de proporcionar servicios en español cuando sea necesario.

The Illinois Department of Children and Family Services is required to provide services in Spanish to Latino families but routinely fails to do so, a ProPublica investigation has found.
El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS, por sus siglas en inglés) está obligado a ofrecer servicios en español a las familias latinas, pero rutinariamente no lo hace.
Ashlee Rezin/Sun-Times

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Es un hecho en una nación de inmigrantes que el gobierno, las cortes y los servicios sociales funcionan mejor cuando se ofrecen en la lengua nativa de esos inmigrantes.

Por eso un juez puede exigir un traductor en el tribunal para un acusado de otro país. Por eso las instrucciones para votar se ofrecen en idiomas distintos del inglés, como el español y el cantonés.

Y entre más sean las consecuencias en juego, menos debería permitir nuestra nación que la incapacidad de hablar o entender el inglés sea una barrera para asegurar un proceso equitativo y justo.

Pero cuando se trata de la agencia del Estado de Illinois que tiene la gran responsabilidad de trabajar con los niños y los padres en crisis familiar, ese pedacito de sentido común —trabajar con las familias en la medida de lo posible en su propio idioma— no se practica con suficiente frecuencia, a pesar de una orden judicial federal.

El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS, por sus siglas en inglés) está obligado a proporcionar servicios en español a las familias latinas, como parte de una orden de 1977 llamada decreto de consentimiento de Burgos. Pero, como informa el sitio de periodismo sin fines de lucro ProPublica, el DCFS lleva años sin cumplir plenamente el decreto.

Los trabajadores sociales que están al servicio de clientes de origen latino no pueden hablar español. Los niños de familias hispanohablantes son colocados en hogares de crianza donde nadie habla español.

ProPublica informó por primera vez en 2019 que el DCFS había violado el decreto de Burgos casi 300 veces desde 2005, y ese número probablemente fue un recuento insuficiente. Luego, a principios del año pasado, el Guardián Público del Condado de Cook, Charles Golbert, realizó su propia mini-investigación y encontró que el problema persiste.

Durante 10 meses, los abogados de la oficina de Golbert contaron el número de nuevos casos que involucraban a familias de origen latino. Luego, los abogados verificaron cuántos de los expedientes de esas familias incluían un documento crítico que indica si el DCFS debe proporcionar a las familias servicios en español.

De los aproximadamente 80 casos que los abogados de Golbert identificaron, como informó recientemente ProPublica, ninguno incluía el formulario de determinación del idioma.

Nuestro mensaje hoy es simple. Sabemos que el DCFS tiene un trabajo duro, trabajando para proteger y cuidar a los niños más vulnerables del estado. Y sabemos que los recursos del estado son escasos. Pero en un estado en el que casi el 13% de la población habla español como idioma principal, es obvio que más trabajadores de DCFS deberían hablar el idioma, y la agencia debería hacer más para contratar en consecuencia.

Por el momento, informa ProPublica, el DCFS sólo emplea a 153 trabajadores bilingües, aunque según una ley estatal de 2008 debería emplear a 194. Los latinos representan alrededor del 8% de los 16,000 niños bajo el cuidado del estado. Nadie debería confiarse de que los trabajadores sociales que no hablan español están totalmente al tanto de cualquier caso—detectando señales de negligencia o abuso—que involucre a una familia que sólo habla español.

Si el DCFS no puede conseguirlo por sí solo—si sigue sin cumplir los puntos de referencia del decreto de Burgos—quizás sea el momento de que un tribunal federal designe un monitor independiente.

“Cuando hay una agencia con un historial de recalcitrantes, a pesar de la atención pública por seguir descuidando sus responsabilidades, entonces ese es el momento apropiado para un monitoreo externo, independiente y con buenos recursos”, dijo a ProPublica Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación. “De lo contrario, no vas a cambiar la cultura”.

Una ley estatal podría venir al rescate, aunque sólo sea en parte. Este mes, el gobernador J.B. Pritzker firmó una ley que crea un grupo de acción para examinar los impactos raciales disparejos de la política del DCFS en las familias que entran en el sistema de bienestar infantil. Como parte de ese esfuerzo, se espera que el grupo de trabajo explore las cuestiones lingüísticas, culturales y de patrimonio.

Además, el DCFS creó el año pasado un grupo de trabajo de Burgos que se reúne dos veces al mes para abordar el cumplimiento de la corte, y se están elaborando informes mensuales sobre las violaciones.

La población latina en Illinois sigue creciendo. La necesidad de que el DCFS proporcione servicios en español será aún más urgente.

Envíe cartas a letters@suntimes.com.