Opinión: El Congreso debe aprobar el DREAM Act para ofrecer una vía a la ciudadanía

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Los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) se encuentran en un dilema. Como este año se cumple el décimo aniversario del programa DACA de la administración de Obama—que protege a muchos inmigrantes de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos—la orden ejecutiva está siendo atacada.

El 6 de julio, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Luisiana escuchará el desafío a DACA del Estado Texas en un caso que muchos creen que llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos. Hay 825,000 jóvenes que viven en el limbo sin un estatus legal permanente para vivir en Estados Unidos ni una vía para obtener la ciudadanía.

Durante el décimo aniversario de DACA este mes, la American Business Immigration Coalition encabezará una delegación de cientos de directores ejecutivos, empleadores, presidentes de universidades y “Dreamers” a Washington, D.C. instando a los legisladores a apoyar un DREAM Act bipartidista.

Los “Dreamers” han contribuido significativamente a nuestra economía nacional y al presupuesto público y han fortalecido nuestro tejido social. Muchas empresas en la lista de Fortune 500 emplean a “Dreamers”, incluyendo Apple, Amazon, General Motors, Home Depot, Walmart, Wells Fargo y JPMorgan Chase. Los “Dreamers” tienen puestos de liderazgo en todos los rangos en organizaciones de impacto social, incluyendo The Resurrection Project.

Miles de beneficiarios de DACA trabajan incansablemente para mantener abiertos los servicios esenciales de nuestra economía, incluyendo las cadenas de suministro de alimentos, los servicios de salud y las escuelas. Nuestra nación se ha enfrentado a una larga y creciente escasez de maestros que la pandemia de COVID-19 ha empeorado. Hoy en día, 20,000 maestros son recipientes de DACA que trabajan con estudiantes en las aulas de todo el país.

Los hogares con beneficiarios de DACA están profundamente arraigados en nuestra sociedad y economía, como muestra la investigación del Center for American Progress. Más de 300,000 niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre con DACA y más de 1.3 millones de personas viven con un beneficiario de DACA. En nuestra economía, los “Dreamers” ejercen $25.3 mil millones en poder de gasto y pagan $2.5 mil millones en renta. Se estima que 68,000 propietarios de viviendas son “Dreamers” y hacen 760 millones de dólares en pagos de hipotecas. Pagan más de $6 mil millones en impuestos federales y más de $3 mil millones en impuestos estatales y locales anualmente.

En Illinois, los beneficiarios de DACA hacen pagos hipotecarios anuales de más de $53 millones y pagan más de $110 millones en renta. Y lo que es más importante, los beneficiarios de DACA tienen $1.3 mil millones en poder de gasto en el estado. El año pasado, los beneficiarios de DACA en Illinois pagaron $326.2 millones en impuestos federales y $217 millones en impuestos locales y estatales.

Como nación, estamos en una competencia global para atraer y retener el talento para seguir siendo competitivos. Con ese fin, proporcionar un estatus legal permanente a los “Dreamers” tiene sentido económico. Nuestras políticas deben permitirnos competir por los trabajadores que fortalezcan nuestra economía y recompensarlos como resultado. También necesitamos retener el talento joven que ya existe aquí.

No podemos permitirnos seguir manteniendo a los beneficiarios de DACA en el limbo. A medida que la pandemia disminuye, hay un mercado laboral apretado y crecientes presiones inflacionarias, y más expertos están apuntando a una posible recesión. El Congreso necesita una solución permanente que incluya la ciudadanía merecida para todos los individuos elegibles para DACA y los “Dreamers”. No podemos perder el tiempo. Necesitamos acción ahora.

Raúl I. Raymundo es director general y cofundador del Resurrection Project y copresidente de la American Business Immigration Coalition.

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