Los concejales protegen a los trabajadores de represalias por ausencias relacionadas con COVID-19

Una enmienda aprobada el lunes pospondría hasta el 1 de enero la sección que permite a los trabajadores poner una demanda contra su empleador, tomando en cuenta que los negocios podrían no sobrevivir la pandemia.

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Rosa Escareño, Comisionada de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor.

La Voz es la sección en español del Sun-Times, presentado por AARP Chicago. 

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Los concejales de Chicago propusieron el lunes proteger a los empleados de las represalias por ausencias vinculadas al coronavirus, a la vez ofreciendo algo para empresas que están pasando por dificultades.

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad el verano pasado una ordenanza que obliga a los grandes empleadores de Chicago a notificar a sus empleados con al menos dos semanas de anticipación sobre cualquier cambio de horario y también que los recompensen por cambios hechos a última hora.

En una reunión virtual organizada el lunes, el Comité Laboral del Consejo de la Ciudad acordó flexibilizar esa ordenanza (que entrará en vigencia pronto) porque muchas empresas podrían no sobrevivir al cierre de la economía de Chicago.

La enmienda aprobada el lunes pospuso hasta el 1 de enero la sección que permite a los trabajadores presentar demandas si sus horarios de trabajo son cambiados sin previo aviso o ajuste salarial.

“Entendemos que las empresas están luchando debido al brote de COVID. Esto les permitirá implementar una política de horarios justa sin temor a demandas judiciales durante los próximos seis meses”, dijo Rosa Escareño, Comisionada de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor.

Escareño enfatizó que la ordenanza de horario predecible aún entrará en vigencia el 1 de julio. “Durante esta pandemia, la protección de los trabajadores es más importante que nunca. Se lo debemos a esos cientos de miles de trabajadores esenciales que han mantenido la ciudad en funcionamiento”, dijo Escareño. “Ahora no es momento de sacrificar las protecciones laborales duramente ganadas y que hemos implementado para apoyar a nuestros trabajadores”.

El presidente del Comité de Zonificación, el concejal Tom Tunney (distrito 44), propietario de la cadena de restaurantes “Ann Sather”, reconoció que la ordenanza se aplicará solo a empresas con 100 o más empleados, a restaurantes con al menos 30 ubicaciones y 250 empleados y a las franquicias con cuatro o más ubicaciones.

La ordenanza contra represalias defendida por la Alcaldesa y aprobada por el Comité Laboral, está diseñada para proteger a los trabajadores, evitando que sean despedidos, suspendidos, transferidos o que se les reduzca su salario debido a ausencias vinculadas al coronavirus.

Esa protección aplicaría a los trabajadores que se quedan en casa porque tienen síntomas de COVID-19 o porque han estado expuestos a alguien que dio positivo por el virus, o porque su negocio es considerado no esencial dentro la orden de permanecer en casa que rige en todo el estado.

“Hubiéramos deseado que esta ordenanza no fuera necesaria. Incluso la gran mayoría de nuestros negocios en Chicago han demostrado ser responsables porque ofrecieron protección a sus trabajadores. Pero a todos los trabajadores de Chicago se les debe garantizar la seguridad laboral, ya que hacen su parte para mantener segura a nuestra comunidad”, dijo Escareño.

“Esto es más importante que nunca para garantizar que existan protecciones adecuadas para nuestros trabajadores más vulnerables, especialmente cuando nos preparamos para comenzar el camino hacia la recuperación. Los derechos de los trabajadores deben estar a la vanguardia de nuestro plan para proteger a Chicago y para poder reabrir lo antes posible”.

Andy Fox, el director de la nueva Oficina de Normas Laborales de la ciudad, dijo que la ciudad recibió 32 quejas sobre represalias contra trabajadores porque se quedaron en casa durante la pandemia.

La ordenanza contra las represalias también se aplicaría a las trabajadoras domésticas. Y los empleadores tendrían 30 días para “evitar” la violación del reglamento antes de que se impongan sanciones.

El Concejal Mike Rodríguez (distrito 22) dijo que le preocupa que la documentación requerida para justificar las ausencias relacionadas con COVID-19 pueda ser “inalcanzable” para los trabajadores indocumentados y para aquellos que reciben bajos sueldos.

Fox le garantizó al Concejal que la ordenanza permite la “auto-certificación”.

“Si el empleado puede escribir una nota o alguna comunicación que diga: ‘Estoy en casa. Mi doctor me dijo que estuviera en casa. Estoy en cuarentena’, eso sería suficiente para identificar que esa es una instancia relacionada con el COVID. Y si la empresa tomara medidas contra ellos, serán sujetos a investigación y se les puede iniciar una acción de cumplimiento”, explicó Fox.

“Se trata igual de una situación compleja. Quisiéramos también algo concreto para probar la acusación, porque podría prestarse al abuso si alguien simplemente no quiere ir a trabajar. Queremos también tener un poco de comunicación con los proveedores de servicios médicos”.

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