Lightfoot propone moratoria al desalojo de inquilinos afectados por la pandemia

El plan de la alcaldesa prohibiría que los propietarios inicien un desalojo sin darle un plazo de cinco días a los inquilinos para que entreguen un “Aviso de impacto COVID-19” que describe su pérdida de trabajo, la reducción de horas u otras circunstancias financieras atenuantes.

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Ashlee Rezin Garcia/Sun-Times

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A los propietarios de Chicago se les prohibiría echar a la calle a los inquilinos cuyas finanzas se vieron afectadas por la pandemia de coronavirus, sin que antes traten de negociar con ellos, de acuerdo a un plan que la municipalidad diseñó a medida para evitar una ola de desalojos en la ciudad.

Con los jueces del condado de Cook a punto de reanudar las cortes de desalojo y ejecución hipotecaria a partir del 6 de julio, la alcaldesa Lori Lightfoot ha elaborado una ordenanza llamada “Protección de desalojo” para retrasar esos procedimientos. El Comité de Vivienda del Consejo de la municipalidad está listo para aprobar ese plan el próximo lunes, seguido de una votación del consejo completo convocado para el miércoles.

El plan de la alcaldesa prohibiría que los propietarios inicien un desalojo sin darle un plazo de cinco días a los inquilinos para que entreguen un “Aviso de impacto COVID-19” que describa su pérdida de trabajo, la reducción de horas u otras circunstancias financieras atenuantes a causa de la pandemia.

“Si en cualquier momento, antes o durante este período de cinco días, el propietario recibe del inquilino un aviso de impacto COVID-19, el propietario deberá esperar otros siete días [período de negociación] después de la expiración del aviso de cinco días... antes de presentar una acción de desalojo contra el inquilino o mantener una acción por incumplimiento o daños”, señala la ordenanza.

El período de negociación puede incluir: aceptar un plan de pagos que aplique a “cada pago de renta perdido durante no menos de 60 días”; someter el asunto a mediación o corte; aplicar el depósito de seguridad del inquilino a la renta o darle al inquilino una “oportunidad de mudarse”, dice la ordenanza.

Si no se llega a un acuerdo y el propietario inicia el procedimiento de desalojo, primero tendría que demostrar ante la corte que se hicieron “intentos razonables” para negociar con el inquilino en problemas.

El 23 de abril, el gobernador J.B. Pritzker emitió una orden ejecutiva desalentando los desalojos durante su orden de quedarse en casa a causa de la pandemia. La llamada “moratoria” de desalojo de Lightfoot permanecería vigente 60 días después del vencimiento de la orden ejecutiva del gobernador.

Los habitantes de Chicago que han visto desaparecer sus empleos y sus cheques de pago durante la pandemia han estado pidiendo alivios al pago de sus alquileres e incluso amenazaron con hacer una huelga de pagos para impulsar sus demandas.

Lo que habían obtenido de Lightfoot hasta ahora había sido un “Compromiso de solidaridad de vivienda” no vinculante, firmado el 29 de abril por grupos dueños de residenciales, asociaciones de propietarios y prestamistas para mostrar “flexibilidad y moderación” en el trato mutuo durante este momento de dificultades sin precedentes. Ahora se busca evitar que la pandemia desencadene otra ola de ejecuciones hipotecarias.

Los propietarios participantes han acordado ofrecer períodos de gracia a los inquilinos con términos que “eviten el reembolso al final del período de aplazamiento”. También prometieron renunciar a los recargos por pagos atrasados o permitir que los inquilinos que aquellos inquilinos que los paguen puedan amortizarlos con el tiempo.

El Ayuntamiento aprobó el plan de la Alcaldesa para triplicar, de 30 a 90 días, la advertencia anticipada que los propietarios deben dar a sus inquilinos antes de desalojarlos o negarse a renovar sus contratos de arrendamiento. Además, los inquilinos recibirían $2,500 si fueran expulsados por demolición o remodelación.

Y la administración de Lightfoot ha destinado una buena parte de los $1.10 millones en dinero de estímulo federal que ha recibido hasta ahora para programas de vivienda. Eso incluye: $39.6 millones para servicios para personas sin hogar; $16.5 millones para asistencia de vivienda; y $1.5 millones para vivienda para personas que viven con VIH / SIDA.

También hubo un programa de asistencia de renta, que ofrecía 2,000 subvenciones de $1,000 cada una. Pero no fue suficiente para satisfacer la demanda, ya que hubo 83,000 solicitudes.

La pregunta ahora es si la llamada “moratoria” en los desalojos de Chicago será suficiente para apaciguar a los defensores de los arrendatarios de viviendas que claman por más protección del Ayuntamiento.

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