La batalla por la justicia ambiental, esa idea de que las comunidades más pobres no deben soportar una parte injusta de la contaminación, se remonta a décadas atrás, pero la situación de un campo de beisbol para las Pequeñas Ligas en Hegewisch mostró todo lo que aún queda por hacer.
Como informó el reportero Brett Chase del Sun-Times esta semana, los funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos están reemplazando el suelo contaminado por plomo y arsénico en el campo de la liga pequeña de Hegewisch, en la calle 127th y la Carondolet Ave., con tierra limpia.
Los niños han jugado en ese campo durante décadas e incluso lo hicieron hasta el pasado verano. Es el mismo campo que ahora es llamado “una amenaza sustancial para la salud pública”.
¿Por qué los vecindarios con recursos limitados siguen luchando contra la contaminación más de tres décadas después del lanzamiento formal del movimiento de justicia ambiental? Han pasado 24 años desde que el entonces presidente Bill Clinton firmara una orden ejecutiva diseñada para garantizar que el medio ambiente y la salud de las poblaciones de las minorías y de bajos recursos se salvaguarden “con el objetivo de lograr la protección del medio ambiente para todas las comunidades”.
Contaminación y COVID-19
En Chicago parte del problema es que el Ayuntamiento no ha hecho lo suficiente para asegurarse de que todos los departamentos de la Muncipalidad trabajen juntos para prevenir la degradación ambiental y las amenazas a la salud en vecindarios con dificultades económicas, dice Kimberly Wasserman, directora ejecutiva de la Organización de Justicia Ambiental de La Villita (LVEJO, por sus siglas en inglés)
Aunque La Villita tiene la segunda peor calidad de aire en el estado, la Municipalidad aprobó la construcción de una bodega que traerá camiones que arrojan partículas en el aire en el vecindario. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard encontró que los altos niveles de partículas están asociadas con una tasa de mortalidad 15% más alta entre las personas que contraen COVID-19, y el código postal de La Villita ya se encuentra entre los más afectados por el coronavirus.
“Debe haber una mirada sistémica a las políticas de la Municipalidad en todos los ámbitos”, nos dijo Wasserman el miércoles. “Otras ciudades están teniendo estas conversaciones”.
Los ambientalistas y activistas de la comunidad obtuvieron una victoria en 2012 cuando dos plantas de carbón en La Villita y Pilsen se cerraron después de una larga batalla. Pero estos activistas todavía tienen las manos ocupadas en otros lugares.
Están protestando por la nueva planta de asfalto MAT en el vecindario de McKinley Park, justo enfrente del clásico parque del lado suroeste de Chicago.
Están comprensiblemente alarmados por la presencia de casi 90 acres de antiguos vertederos de desechos tóxicos a pocos pasos de los complejos de viviendas sociales de CHA en Altgeld Gardens y Trumbull Park.
Han estado luchando contra la contaminación de las sustancias coque y manganeso durante años en el lado sureste de la ciudad.
Y están luchando contra un plan de la empresa ‘General Iron’ para trasladar una trituradora de metal del vecindario Lincoln Park al lado este de la ciudad, que ya padece de problemas de salud respiratoria.
Un informe publicado el mes pasado del Centro Shriver sobre la Ley de Pobreza documenta cómo las políticas federales históricamente alentaron la ubicación de desarrollos de viviendas con asistencia federal en áreas de contaminación ambiental y también permitieron que las industrias que contaminan se construyan cerca de viviendas de bajos ingresos.
Eso es todo lo contrario a la justicia ambiental.
Más que una amenaza de contaminación
La injusticia ambiental es algo más que la contaminación directa del aire, el agua y del ruido.
Las comunidades con dificultades económicas también tienden a sufrir inundaciones y son vulnerables a las olas de calor porque a menudo carecen de cobertura de árboles y parques. Por sexto día consecutivo el miércoles la EPA de Illinois emitió una alerta de calidad del aire para la ciudad.
Pero hacer que las comunidades sean ambientalmente más seguras se ha vuelto más difícil con el Presidente Donald Trump. Su administración ha revertido al menos 100 reglas ambientales. Los controles a las emisiones de dióxido de carbono de las plantas y los vehículos se han debilitado, por ejemplo, y las plantas de energía pueden más fácilmente emitir mercurio.
Proteger a las comunidades menos favorecidas se complica aún más en Illinois por una ley que prohíbe que la EPA del estado considere el efecto acumulativo de los múltiples permisos de la industria, dice Jen Walling, directora ejecutiva del Consejo Ambiental de Illinois. El efecto de la prohibición es que un vecindario puede estar acosado por varios tipos de contaminación, desde plantas de energía, plantas de tratamiento de aguas residuales, incineradores y sitios de desechos, que, si se observan individualmente, no exceden los límites legales. Pero acumuladas, pueden hacer que la vida sea miserable.
Illinois debería seguir el ejemplo de Nueva Jersey, donde el Senado estatal aprobó la semana pasada una legislación que requiere un enfoque más global para evaluar el impacto de la contaminación ambiental.
Nueva asesora municipal en medio ambiente
La justicia económica puede complicarse. En ocasiones, las comunidades desconfían de las mejoras, como la sustitución de antiguos sitios industriales por parques, y les preocupan los impuestos y las rentas más altos.
Los residentes a veces también desconfían de que las pruebas de aire y agua puedan etiquetar a su vecindario como un lugar ambientalmente inseguro para vivir. Pero la contaminación del aire y del agua se mueve. Menos contaminación en una parte de la ciudad significa un poco menos de contaminación en cada parte de la ciudad.
El 11 de junio, la alcaldesa Lori Lightfoot nombró a Angela Tovar como su asesora de políticas ambientales, algo que agradecemos. Y la nueva ordenanza de gestión de cuencas hidrográficas del Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua (MWRD, por sus siglas en inglés) requiere por primera vez que se tenga en cuenta el impacto dispar en diferentes comunidades.
Pero seamos sinceros.
Cuando a los niños durante décadas se les permitió jugar beisbol en un campo lleno de plomo tóxico y arsénico, y solo ahora se está haciendo algo al respecto, es seguro decir que Chicago tiene todavía un largo camino por recorrer para lograr la justicia ambiental.
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