La Junta de CPS mantiene a la policía en las escuelas a pesar de protestas estudiantiles

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La Junta Escolar de Chicago votó el miércoles por renovar su contrato con el Departamento de Policía de Chicago por un año, desafiando las exigencias de los estudiantes negros y de color que dicen sentirse inseguros por aprender en medio de la presencia policial.

La decisión marcó la culminación de un año tumultuoso de feroces protestas, que fueron creciendo el año pasado y se convirtieron en una constante semanal durante el verano. Cuando la Junta Escolar decidió no rescindir el contrato con la Policía en una votación dividida en junio, las esperanzas de los activistas se mantuvieron vivas, sabiendo que habría una nueva votación más adelante en agosto.

Pero tras la votación del miércoles, es poco probable que el tema vuelva a presentarse ante la junta en los próximos meses.

Durante al menos el próximo año, CPS operará con un contrato policial revisado y significativamente más barato, esta vez con un valor de $ 12.1 millones, en lugar de los $33 millones del contrato anterior, que incluye también por primera vez una descripción detallada del trabajo que tendrán los policías escolares y suaviza los términos del contrato para eliminar una redacción escrupulosa, de estilo militar, que anteriormente describía los trabajos escolares de los oficiales como “periodos de servicio”.

El acuerdo paga el salario completo y los beneficios para los oficiales que trabajen en las escuelas, aunque podría terminar sin costarle dinero a CPS si todo el año escolar se lleva a cabo de forma remota.

El contrato incluye algunas pautas más claras, promocionadas por la alcaldesa Lori Lightfoot como “reformas importantes”. Los oficiales no pueden intervenir en la disciplina escolar, ya no pueden ingresar información de los estudiantes en la controvertida base de datos de pandillas del Departamento de Policía, deben servir como un “modelo a seguir en el entorno de los estudiantes” y recibirán más capacitación sobre cómo tratar con niños de diversos orígenes.

La Municipalidad también prometió darle a los oficiales una capacitación mejorada e implementar requisitos más selectivos para los policías que trabajen en las escuelas, incluida la elección de oficiales con antecedentes disciplinarios “excelentes”, algo que antes no era requerido.

El presidente de la junta, Miguel del Valle, el vicepresidente Sendhil Revuluri y los miembros Lucino Sotelo y Dwayne Truss votaron a favor de renovar el contrato. Los miembros Elizabeth Todd-Breland y Amy Rome votaron en contra, mientras que Luisiana Meléndez se abstuvo.

Jóvenes activistas se manifestaron frente a la sede central de CPS durante toda la reunión virtual, que duró siete horas.

Después de las votaciones en las últimas semanas por decenas de concejos escolares locales, 17 escuelas han optado por destituir a sus oficiales y 55 han decidido mantenerlos. Las escuelas que decidieron quitar a la policía no podrán guardar ese dinero para otros programas.

La portavoz de CPS, Emily Bolton, dijo después de la votación que el distrito está “agradecido de que la junta haya respetado” las decisiones de los concejos escolares locales.

Revuluri marcó el voto decisivo y pudo haber cambiado la decisión final. En junio, estuvo indeciso hasta momentos antes de la votación, que finalmente mantuvo intacto el contrato.

El miércoles dijo que el contrato policial revisado era mejor que el anterior, pero aún tenía faltas y que él personalmente no votaría para poner oficiales en la escuela de sus hijos si sirviera en un concejo escolar local. Sin embargo, votó a favor de renovar el contrato, porque dijo, no cree que se hayan identificado alternativas viables de seguridad escolar que no incluyan a la policía.

Revuluri presentó una resolución que obliga a Jackson a proporcionar a la junta antes del 24 de marzo del próximo año una lista de alternativas al programa School Resource Officer, o SRO, para que las escuelas elijan para el próximo año académico.

Esa resolución fue aprobada por los mismos que votaron a favor del contrato. Esta resolución no crea ninguna garantía de que los oficiales sean retirados de las escuelas y no quita la decisión de las manos de los concejos escolares locales.

Todd-Breland, que ha abogado por la expulsión de la policía de las escuelas durante meses, había instado a sus compañeros antes de la votación a escuchar las preocupaciones de los estudiantes negros y los datos y la investigación que muestran marcadas disparidades raciales en la vigilancia escolar.

“Debido a estos votos individuales de los concejos escolares locales, los estudiantes negros, los estudiantes que ya han sido perjudicados de manera desproporcionada por la policía, tendrán el programa SRO en las escuelas en tasas significativamente más altas que otras escuelas del distrito”, dijo Todd-Breland. “No podemos resolver un problema de derechos civiles en todo el sistema eludiendo nuestras responsabilidades como junta y poniéndolo en las espaldas de las escuelas individuales”.