Recientemente, la administración Biden ha hecho algo que no ha hecho una administración presidencial desde 1986: ordenar explícitamente a las agencias de inmigración que no arresten a inmigrantes indocumentados que no sean una amenaza.
La primera orden fue el 30 de septiembre cuando el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, introdujo nuevas pautas de inmigración que indicaban que el gobierno federal dejaría de usar sus recursos para buscar y expulsar a “aquellos que no representan una amenaza” y de acuerdo con las nuevas pautas, la presencia no autorizada de una persona en los Estados Unidos ya no la convertiría en una prioridad para la deportación a partir del 29 de noviembre.
Mayorkas mantuvo el impulso la semana pasada cuando publicó un memorando en el que ordenaba a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley que detuvieran las redadas de inmigración en los lugares de trabajo y que cambiaran su enfoque hacia los empleadores que contratan inmigrantes sin la debida autorización de trabajo. Más importante aún, la última orden promete ofrecer protección contra la deportación a los inmigrantes que denuncien a empleadores abusivos.
“[El anuncio] de la administración de Biden señala cambios fundamentales en el futuro que harán que los lugares de trabajo en todo el país sean más seguros y más equitativos para todos los trabajadores...” dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, en un comunicado. “Esta medida también garantizará que los inmigrantes que trabajen en escuelas, fábricas, plantas empacadoras de carne, hospitales, sitios de construcción y otras industrias esenciales puedan hacer su trabajo de manera segura y denunciar el trato injusto sin temer a la intimidación, arresto o deportación por parte del empleador”.
Después de los intentos fallidos de crear reformas durante la administración de Reagan en 1986 que resultaron en sanciones leves a los empleadores explotadores, los esfuerzos para proteger a los inmigrantes se atrasaron desde hace mucho tiempo.
Estas nuevas políticas tienen como objetivo responsabilizar a los empleadores y garantizar sueldos justos y condiciones de trabajo seguras.
En noviembre de 1986, el presidente Ronald Reagan promulgó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, legalizando a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que habían estado viviendo aquí desde 1982 y por primera vez en la historia, haciendo ilegal que las empresas contraten inmigrantes no autorizados.
Sin embargo, en un esfuerzo por obtener el apoyo de la comunidad empresarial, los patrocinadores del proyecto de ley debilitaron las sanciones a los empleadores antes de que se promulgara la política. De hecho, todo lo que los empleadores tenían que hacer para evitar sanciones era convencer a los investigadores de que los documentos que presentaban los empleados parecían lo suficientemente buenos, aunque en realidad fueran falsos.
La administración Obama trabajó para poner fin a las redadas en el lugar de trabajo, pero no ofreció protecciones contra la deportación para los trabajadores que se presentaron y denunciaron a los empleadores que abusan de su poder.
Eso es lo que hace que estas nuevas medidas sean tan prometedoras. Protegen a los trabajadores vulnerables contra los empleadores explotadores que roban el sueldo y los amenazan con la deportación si denuncian prácticas injustas.
Los inmigrantes indocumentados vieron lo peor de este tipo de injusticias bajo la administración Trump cuando, en 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó la redada migratoria más grande en la historia de Mississippi y detuvo a 680 trabajadores indocumentados en seis plantas procesadoras de pollo en todo el estado en un día. Solo cuatro ejecutivos de esas plantas fueron acusados, lo que es raro.
Los datos más recientes muestran que solo 11 personas, y ninguna empresa, fueron procesadas en solo siete casos entre abril de 2018 y marzo de 2019, según la base de datos, Transactional Records Access Clearinghouse de Syracuse University.
El memorando de Mayorkas del 12 de octubre le pidió a ICE y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que desarrollen y actualicen opciones de políticas en los próximos 60 días que implementen cambios en las prioridades de cumplimiento y faciliten a los trabajadores vulnerables a participar en investigaciones laborales.
Estas protecciones podrían resultar en demoras en la orden de deportación o garantías de que las víctimas o testigos indocumentados no sean colocados en procedimientos de inmigración mientras haya una investigación o un caso pendiente.
Con una ejecución eficiente, las nuevas políticas de inmigración de la administración Biden tienen una oportunidad única de lograr un cambio fundamental en la forma en que se trata a los inmigrantes indocumentados y a todos los trabajadores en Estados Unidos.
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