El gobernador de Illinois destina $250 millones y una nueva oficina a la prevención de la violencia

La orden ejecutiva de Pritzker requiere que las agencias estatales trabajen con la nueva oficina de prevención de la violencia.

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Gov. J.B. Pritzker signs an executive order on combatting gun violence during a news conference on the West Side on Monday.

El gobernador J.B. Pritzker firma una orden ejecutiva el lunes durante una conferencia de prensa en el West Side.

Ashlee Rezin/Sun-Times

La Voz es la sección en español del Sun-Times, presentado por AARP Chicago. 

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El gobernador J.B. Pritzker declaró el lunes que la violencia armada es una “crisis de salud pública” y se comprometió a destinar $250 millones a lo largo de tres años para reducir e interrumpir los tiroteos, una medida que dijo se trata de “nuestros niños que están siendo baleados”.

Junto con la orden ejecutiva que asegura los fondos, el gobernador anunció la formación de una nueva oficina estatal para la prevención de la violencia armada que buscará frenar los delitos con armas de fuego.

Pritzker estuvo acompañado por la alcaldesa Lori Lightfoot, la presidenta de la junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, y otros funcionarios electos de la ciudad y el estado para anunciar el “próximo paso del estado en su meta de reducir la violencia”.

“La violencia armada está devastando comunidades, vecindarios, cuadras y familias. Madres, padres, hermanos, amigos están experimentando tragedias sin sentido por las muertes y heridas graves de sus seres queridos”, dijo Pritzker. “Este trabajo es urgente...”

El plan incluye implementar la propuesta Reimaginando la Seguridad Pública, un plan destinado a “reducir e interrumpir directamente la violencia en nuestros vecindarios”, y “crear la Oficina de Prevención de la Violencia por Armas de Fuego del estado”, dijo el gobernador.

La propuesta fue aprobada durante la sesión de veto de la Legislatura en otoño, que concluyó la semana pasada. Aún no se ha convertido en ley.

El financiamiento para el plan de reducción de la violencia armada de Illinois incluye dinero federal, así como $50 millones del presupuesto del estado para 2022. La administración de Pritzker planea trabajar con los legisladores estatales para destinar $100 millones para el trabajo contra la violencia en los próximos dos años fiscales.

En las próximas semanas, la oficina de la prevención de la violencia anunciará un proceso para que las organizaciones reciban subvenciones centradas en la asistencia técnica para la prevención de la violencia y el desarrollo e intervención de los jóvenes, según un comunicado de prensa sobre los fondos.

La orden ejecutiva de Pritzker requiere que las agencias estatales trabajen con la nueva oficina de prevención de la violencia para abordar las causas sistémicas en torno al problema y desarrollar estrategias que tomen en cuenta la equidad y el trauma.

La orden también establece un enfoque de cuatro ramas para la prevención de la violencia que incluye programas de intervención para jóvenes de alto riesgo, servicios de prevención de la violencia después de la escuela —como el trabajo de interrupción de la violencia en la calle y la terapia emocional o relacionada con el trauma— y la programación de verano para aumentar la asistencia de los jóvenes a la escuela y reducir su contacto con las autoridades, y los servicios de recuperación de traumas para los jóvenes.

Lightfoot dijo que ella y otros líderes tienen que trabajar juntos.

“Esta es una lucha larga, no una lucha corta”, dijo Lightfoot. “Esta es una lucha en la que debemos pensar y reinventarnos a todos los niveles, ser ágiles y pensar en cómo podemos ayudar a nuestros residentes a sentirse seguros”.

La ciudad ha experimentado un aumento del 9% en las víctimas de bala y un aumento de casi el 69% en comparación con 2019. Esas cifras hacen a la ciudad tener uno de sus años más violentos desde mediados de la década de 1990.

La legislación estatal que Pritzker firmó a principios de este año ya había declarado que la violencia es un problema de salud pública y les encargó a los departamentos de salud pública y servicios humanos del estado a que estudiaran cómo crear un proceso para identificar áreas de violencia y proporcionarles dólares estatales para ayudar a abordar las causas subyacentes del crimen. Los departamentos deben presentar un reporte sobre ese proceso a la Asamblea General antes de fin de año.

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