Dos tercios de las 270 persecuciones policiales en 2019, un total de 180, terminaron en choques y ocho personas murieron en esos incidentes, según un análisis preparado para Lightfoot y marcado como “confidencial”.
En 112 de esas persecuciones, los supervisores ordenaron que se abortaran, pero la mitad de ellas aún resultaron en choques, según el reporte. Uno provocó la muerte de un peatón.
David Brown ni siquiera había juramentado aún como superintendente de la policía de Chicago cuando recibió un correo electrónico de la alcaldesa preocupada por un reporte interno que documentaba el alto costo de las persecuciones y choques policiales.
“En los últimos 5 años, la Municipalidad ha pagado casi $50 millones en litigios relacionados con persecuciones policiales, y esto no tiene en cuenta los daños a los vehículos policiales, el tiempo perdido debido a lesiones en el servicio, etc.”, escribió la alcaldesa Lori Lightfoot a Brown el 16 de abril del año pasado, aproximadamente una semana antes de su juramentación.
“Entonces, presto mucha atención a las persecuciones cuando las veo”, agregó. “Esta es otra área que debe arreglarse”.
Los detalles del reporte se incluyen en una serie de correos electrónicos hackeados del Ayuntamiento que pertenecen a varios de los asesores más cercanos de Lightfoot. Muestran a la alcaldesa vigilando de cerca las persecuciones policiales y, al menos en un caso, preguntando si la Municipalidad podía ser demandada.
En un correo electrónico de octubre de 2019, Lightfoot menciona el último accidente de persecución de noche a su abogado corporativo Mark Flessner, quien responde: “Estos accidentes son diarios. ¿Podemos incentivarlos para que hayan días sin accidentes?”
Sin embargo, pasó casi un año antes de que la política de Chicago sobre persecuciones finalmente cambiara, después de un terrible accidente en el lado norte que mató a Guadalupe Francisco-Martínez, madre de seis hijos, e hirió a otras cinco.
En ese accidente en junio pasado, a los oficiales se les ordenó al menos cuatro veces que dejaran de perseguir a un sospechoso antes de que una patrulla chocara la camioneta de Francisco-Martínez por la mitad. Su familia dijo que iba camino a casa del trabajo y que acababa de comprar pizza para su hija. La persecución abarcó 30 millas a través de Chicago y terminó en Bridgeport.
Dos meses después, entró en vigor una nueva política que aclara el lenguaje sobre cómo los supervisores deben realizar un análisis, calculando el riesgo de una persecución contra el riesgo de dejar a alguien escapar.
La política también ordenaba que las patrullas marcadas estuvieran al frente de las persecuciones y que siempre utilizaran luces y sirenas.
No está claro si la nueva política ha funcionado porque el Departamento de Policía de Chicago y la oficina de la alcaldesa no han publicado ningún dato nuevo sobre las búsquedas. En una declaración para este reportaje, el portavoz del Ayuntamiento, Alexander Murphy, dijo que la oficina de Lightfoot no comentaría sobre la información que se hizo pública por medio de los correos electrónicos hackeados.
