Calificándola como una victoria para la gente, pero no para la alcaldesa Lori Lightfoot, los partidarios de la ordenanza de supervisión civil de la Policía de Chicago que fue recientemente aprobada celebraron su victoria el viernes.
“Superamos la gran oposición de [la orden fraternal de la Policía de Chicago] y la alcaldesa para finalmente aprobar esta ordenanza histórica”, dijo Jazmine Salas, copresidenta de la Alianza de Chicago contra la Represión Racista y Política (CAARPR, por sus siglas en inglés), durante una conferencia de prensa por internet.
La ordenanza, considerada por muchos como fundamental para restaurar la confianza entre los residentes y la policía, fue aprobada por el Concejo Municipal con una votación de 36-13 a principios de esta semana.
“La alcaldesa trató de aprobar su versión suavizada y tuvo un papel menor de asesora. Se vio obligada a negociar con nosotros después de que su proyecto de ley no lograra generar entusiasmo ni apoyo”, dijo Salas.
Salas dijo que el resto de Estados Unidos está observando a Chicago. “Creamos el sistema de supervisión policial más democrático de la nación y debemos seguir luchando hasta que finalmente pongamos fin a la impunidad policial”, dijo.
El concejal Carlos Ramírez-Rosa (35º) hizo eco de esas declaraciones.
“El pueblo ha ganado”, dijo. “La ordenanza que aprobó el Concejo Municipal el miércoles pasado no habría sido aprobada sin la fuerte y robusta coalición de base que nunca se rindió”.
Varios activistas describieron la ordenanza como un primer paso importante y muy retrasado para hacer que la policía rinda cuentas.
El lenguaje final autorizaría a una comisión de siete miembros a emitir un voto de censura sobre el superintendente de la Policía de Chicago. La comisión también podría tomar votos de censura para el administrador principal de la Oficina Civil de Responsabilidad de la Policía (COPA, por sus siglas en inglés) y cualquier miembro de la Junta de Policía. Tales votaciones necesitarían el apoyo de al menos cinco de los siete miembros para aprobarse.
Un voto de censura por parte de la comisión desencadenaría una votación del Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal en un plazo de 14 días, y luego una votación completa del Concejo Municipal en su próxima reunión mensual.
Si dos tercios de los concejales están de acuerdo con el voto de censura, el administrador en jefe de COPA “será destituido”.
Sin embargo, los votos de censura sobre el superintendente o los miembros de la Junta de Policía no serían vinculantes para la alcaldesa. En cambio, la alcaldesa “responderá por escrito dentro de los 14 días posteriores a la adopción de la resolución, explicando las acciones que tomará en respuesta”.
