Harto de lo que denominó como una “puerta rotatoria” de la fiscalía, el miércoles un concejal del lado noroeste convenció a sus colegas para que impusieran fuertes multas y penas de cárcel a quienes fueran sorprendidos en posesión ilegal de un arma de fuego en Chicago.
La ordenanza patrocinada por el concejal Anthony Napolitano (41º) —y aprobada a pesar de las enérgicas objeciones de los abogados de derechos civiles— les permite a los agentes de Policía de Chicago emitir “avisos administrativos de infracción” por el delito de posesión ilegal de armas.
Los infractores por primera vez se enfrentan a una multa de $5,000 y a hasta 90 días de cárcel. Una segunda infracción conllevaría una multa de hasta $20,000 y 180 días de cárcel.
“Contamos con más de 630 homicidios por arma de fuego. Contamos con más de 3,252 personas baleadas en 2022. Necesitamos ser igual de duros en este juego que la ciudad de Chicago. No podemos tener a nuestra fiscal del estado desestimando todos los cargos con este efecto de puerta rotatoria. No podemos seguir haciéndolo”, dijo Napolitano.
“En los últimos dos años, ¿cuántos delincuentes reincidentes hemos visto que estaban en posesión de armas y que han vuelto a las calles en poco tiempo, o con monitores de tobillo, cometiendo delitos de nuevo? No estamos enjuiciando a nadie”, añadió.
Normalmente, este tipo de avisos se reservan para los delitos contra la calidad de vida. Napolitano negó que su ordenanza arroja una red demasiado amplia y que corra el riesgo de incluir a los habitantes de Chicago que portan armas porque le temen a la delincuencia.
“Consigue una tarjeta FOID y una tarjeta de porte oculto. Y entonces, podrás llevar un arma como todo el mundo”, dijo.
El concejal Carlos Ramírez-Rosa (35º) les entregó a los miembros del Concejo una carta de 27 grupos legales que se oponen a la ordenanza. Argumentó que la ordenanza no hará que Chicago sea más segura y, de hecho, podría “conducir a aún más violencia”.
Napolitano y la administración están participando en “más posturas de mano dura contra el crimen”, añadió Ramírez Rosa.
“Quieren actuar como si estuvieran haciendo algo para detener la violencia armada cuando, en realidad, están desperdiciando los limitados recursos de la Municipalidad”, dijo Ramírez-Rosa.
Ramírez-Rosa argumentó que la fiscal Kim Foxx “acusó a un número récord de personas” de delitos con armas el año pasado.
“Pero si la fiscal del estado determina que no hay pruebas suficientes y la Municipalidad decide ir tras ellos de todos modos con estas multas, eso podría conducir potencialmente a una mayor desconfianza con el sistema de justicia penal”, dijo Ramírez-Rosa.
Napolitano es un ex agente de la policía y del Departamento de Bombero de Chicago en cuyo distrito viven decenas de agentes, cuyos problemas ha defendido en el Concejo.
El miércoles utilizó una maniobra parlamentaria para forzar la consideración de su ordenanza, aplazada en noviembre, y aprobarla sin debate, utilizando una votación nominal antes en la reunión.
Cuando Ramírez-Rosa se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde para impedirlo.
Cuando Ramírez-Rosa se levantó para protestar, la alcaldesa Lori Lightfoot lo declaró fuera de lugar. A continuación se produjo una discusión verbal y una votación nominal que Lightfoot ganó fácilmente.
Ramírez-Rosa lo calificó como el ejemplo más reciente de Lightfoot pisoteando las normas del Concejo.
“El objetivo de las Reglas de Orden de Robert no es revasar a los miembros de un órgano legislativo. Es para fomentar un debate democrático”, dijo.
La carta firmada por la ACLU de Illinois, el Defensor del Pueblo del Condado de Cook, el Concejo de Abogados de Chicago y una serie de otros grupos legales y de derechos civiles argumenta que la “gran mayoría” de las personas acusadas de poseer un arma sin licencia “ya son pobres y viven en comunidades de color con bajos ingresos”.
Son principalmente hombres afroamericanos de entre 18 y 24 años.
“La mayoría de ellos no tienen recursos para pagar multas como las que podrían imponerse en virtud de la ordenanza”, y una sentencia judicial “produciría una enorme carga sobre las familias más pobres de nuestra ciudad”, afirma la carta.
