Grupos ambientales piden que se monitore el aire y se instalen sistemas de filtración en los hogares de La Villita

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Los activistas ambientales están instando a la Municipalidad a pagar por los sistemas de monitoreo del aire público y la filtración del aire para los residentes que viven cerca del sitio donde hubo una tormenta de polvo causada por la demolición de una chimenea.

Más de dos años después de que la demolición de la chimenea de la antigua planta de carbón de Crawford creara una nube de polvo en La Villita, los grupos de la comunidad dicen que todavía hay preguntas sin respuesta sobre lo que provocó que el barrio se cubriera de polvo el 11 de abril de 2020. Hilco Development Partners supervisó la demolición de la propiedad.

Los grupos, incluyendo la Organización de Justicia Ambiental de La Villita (LVEJO, por sus siglas en inglés) y el Southeast Environmental Task Force, emitieron una lista de demandas el lunes durante una conferencia de prensa virtual.

“Lo que esto significa para nuestro barrio es no saber durante más de 800 días a qué hemos estado expuestos por el polvo, qué ha quedado en el suelo o los efectos a largo plazo sobre la salud”, dijo Kim Wasserman, directora ejecutiva de LVEJO.

Quieren que la instalación de sistemas públicos de monitoreo del aire se pague con los $19,500 que Hilco pagó en concepto de multas municipales tras la demolición. Hilco también llegó a un acuerdo con Illinois por $250,000, y una entidad relacionada que era propietaria del terreno y los contratistas fueron multados.

Los grupos también quieren que la Municipalidad e Hilco paguen por sistemas de filtración de aire para los hogares que se encuentran más cerca de la demolición.

En un correo electrónico el lunes, funcionarios de la Municipalidad dijeron que el Departamento de Salud Pública de Chicago había expresado su preocupación por la demolición, pero el contratista no siguió el plan de mitigación de polvo.

En los meses posteriores a la demolición, la Municipalidad y los funcionarios federales analizaron el aire, el polvo y el suelo, según la Municipalidad.

“La Municipalidad se centra en proteger a las comunidades de los daños ambientales, y por eso, desde el momento en que se derrumbó la chimenea, el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Edificios y otros departamentos actuaron con rapidez y decisión para responsabilizar a la empresa y evitar que esto volviera a ocurrir mediante la promulgación de nuevas normas estrictas para las demoliciones”, dijeron las autoridades municipales en un comunicado.

El lugar de la demolición alberga ahora un almacén de un millón de pies cuadrados alquilado por Target, situado en 3501 al sur de la calle Pulaski. Los grupos quieren que el Departamento de Salud Pública de Chicago complete un nuevo estudio del terreno, cree un plan de remediación e instale sistemas de monitoreo del aire en la zona, que está justo al norte de la autopista Stevenson.

La Municipalidad no respondió inicialmente a las solicitudes de comentarios sobre las demandas.

Las demandas se producen después de que el Chicago Sun-Times obtuviera comunicaciones internas que mostraban que siete meses antes de lademolición fallida, un empleado municipal advirtió a su supervisor de que los planes de implosión de la chimenea podrían causar un daño “casi cataclísmico”. Los mensajes incluyen referencias a la necesidad de agua.

Wasserman dijo que un ejemplo de las preguntas sin respuesta incluye la cantidad de agua disponible y la que se utilizó para mitigar la demolición.

“Sin saber qué fue lo que falló, ¿cómo podemos garantizar la salud y el bienestar de la ciudad y de nuestras comunidades?”

A principios de este año, la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) hizo público un resumen de una investigación en la que se examinaba lo que condujo a la demolición. Los grupos ecologistas reiteraron el lunes su exigencia de que la Municipalidad haga pública la investigación completa y sus conclusiones.

Aunque al menos un trabajador de la Municipalidad recibió un castigo en relación con la demolición, los grupos dijeron el lunes que les gustaría ver más responsabilidad por parte de quienes trabajaron para la Municipalidad durante la demolición.

“La Municipalidad está obligada a proteger a sus residentes, y no protegió a los residentes de La Villita”, dijo Olga Bautista, directora ejecutiva del Southeast Environmental Task Force. “La alcaldesa debe hacer público el reporte completo del OIG y debe hacer responsables a funcionarios como el Comisionado Adjunto (del Departamento de Salud Pública de Chicago) Dave Graham por su negligencia durante la implosión de Hilco”.

Los reportajes de Elvia Malagón sobre justicia social y desigualdad de ingresos son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.