Carla Padgett on the phone with the city disputing new charges on her bill. The Chicago Public Schools employeer owes more than $8,000 on her water bill. More than 60% of the city’s consumer debt over water bills is concentrated in the city’s majority-Black ZIP codes.

Carla Padgett hablando por teléfono con la Municipalidad para disputar nuevos cargos en su factura. La empleada de las Escuelas Públicas de Chicago debe más de $8,000 en su factura de agua.

Manuel Martínez/WBEZ

Las facturas de agua ahogan en deudas a los dueños de casa en Chicago

Chicago usó el suministro de agua como ingreso, luego castigó a aquellos que no podían pagar el costo.

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Un error de factura le cambió la vida a Sylvia Taylor.

La pesadilla burocrática comenzó cuando Taylor heredó la casa de su familia en Englewood. Ella necesitaba tiempo para decidir si su hija se mudaría al inmueble o si lo rentaría. Taylor apagó el agua en 2007 para evitar que las tuberías se tronaran durante el invierno.

Siguió con su vida en Bronzeville y no volvió a pensar en el agua hasta que la Municipalidad le envió un aviso más de un año después, alertándola de que le desconectarían el agua. Iba adjunta una factura de $1,100.

La tomó por sorpresa.

Taylor dijo que habló con los departamentos de agua y finanzas de la ciudad con la esperanza de que aclararan el error. Se le recomendó registrar la casa de dos pisos con la ciudad como una propiedad vacante —lo que viene con una tarifa inicial de hasta $600, más $300 adicionales para renovar cada seis meses. Molesta por la terrible experiencia, Taylor se negó a pagar la tarifa. Pasaron años de peleas con la ciudad.

Mientras tanto, la Municipalidad siguió cobrándole a Taylor por el agua que no usaba —y la multó por una deuda que en realidad no debía. Y la Municipalidad no pudo proporcionarle un registro del uso de agua en la propiedad desocupada y sin medidor— no se cobra por la cantidad de agua que se utiliza en esas propiedades, sino por una cantidad de agua que se estima que se usará según el tamaño de la propiedad y la tubería.

En 2015, Taylor solicitó al Departamento de Agua que enviara un inspector para verificar que el edificio estaba vacío. Un empleado de esa dependencia escribió en el reporte, “todo el edificio está vacío, corte de agua desde 2007”. Sin embargo, el reporte pasó desapercibido por años.

Casi 13 años después de que apagó el agua de la casa de su familia, la deuda había aumentado a $25,253.

La Municipalidad había entablado un gravamen legal contra la propiedad —una táctica de cobro que la Municipalidad ha utilizado con personas que tienen una deuda de agua acumulada.

“Cuando los llamas y les dices que no tienes agua... pero te cobran todas estas tarifas, es realmente molesto”, dijo Taylor. “Pensé que me estaban robando, realmente robada por el departamento de agua”.

El caso de Taylor muestra una serie de problemas con la deuda de agua de Chicago —desde las cantidades masivas debidas por decenas de miles de residentes que no han podido mantenerse al día con el aumento del costo del agua en la última década, hasta el problemático sistema municipal de facturación, tarifas punitivas y tácticas agresivas de recolección.

Una investigación de WBEZ de un mes reveló que:

  • Los dueños de casa de Chicago han acumulado más de $421 millones de dólares en deudas de agua. Más del 60% de la deuda se concentra en la mayoría de los códigos postales con población mayoritariamente negra de la ciudad.
  • El sistema municipal de cobro de deudas ha trasladado las facturas de agua atrasadas a manos de cobradores privados, con poca transparencia. Al menos $60 millones de los ingresos de agua de la ciudad se han destinado a pagar a esos cobradores privados.
  • A los habitantes de Chicago se les han embargado millones de dólares en ganancias de sus cheques de empleo para ayudar a saldar la deuda del agua y muchos otros se han enfrentado a juicios y embargos legales en un esfuerzo por cobrar su deuda del agua.
  • Un estimado de $775 millones en ingresos por impuestos de alcantarillado se asignaron al fondo de pensiones de los empleados municipales, según muestran los presupuestos de la Municipalidad.

En un comunicado, un portavoz de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, elogió los esfuerzos continuos de su administración para abordar la deuda del agua.

“La alcaldesa Lightfoot se ha enfocado en mejorar la asequibilidad del agua para los residentes de bajos ingresos desde el comienzo de su administración”, escribió César Rodríguez, secretario de prensa de Lightfoot. “La aprobación del presupuesto histórico de 2022 proporcionará fondos muy necesarios para los vecindarios desinvertidos, incluidos fondos para la reconexión de agua y reformas adicionales de multas y tarifas para ayudar a las personas a pagar sus deudas”.

Durante el proceso de audiencias presupuestarias, la Municipalidad hizo permanente un programa piloto que la administración de Lightfoot lanzó el año pasado para ayudar a los dueños de casa de bajos ingresos que navegan con la deuda del agua. La Municipalidad ha asignado un total de $12 millones para perdonar la deuda de agua de los participantes desde que comenzó el programa. La Municipalidad indicó que 6,300 propietarios completaron con éxito el programa durante un año y su deuda fue cancelada, según la oficina de la alcaldesa.

Andrea Cheng, comisionada del Departamento de Gestión del Agua de la ciudad, se negó a comentar.

Los dueños de casa no tienen que preocuparse por desconectar el agua en este momento, ya que la alcaldesa Lightfoot emitió una moratoria sobre las desconexiones de agua en 2019. Esa medida fue impulsada, en parte, por una investigación de American Public Media/WBEZ publicada a principios de ese año, que reveló que, en una década, el costo del agua en Chicago se triplicó y más de 150,000 desconexiones de agua para clientes endeudados se concentraron desproporcionadamente en vecindarios negros y latinos. Ahora WBEZ ha descubierto que decenas de miles de dueños de casa de Chicago han acumulado cientos de millones de dólares en deudas para un recurso sin el que no pueden vivir.

“Es la forma en que las ciudades están tratando de cobrar esta deuda [de agua], pero puede terminar siendo muy injusto para los clientes”, dijo Coty Montag, asesor principal del Fondo de Defensa Legal de la NAACP y autor del reporte de 2019, “Agua/Color : Un estudio de la crisis de la raza y la asequibilidad del agua en las ciudades de Estados Unidos”.

Montag dijo que la deuda de agua seguirá creciendo en algunas partes de la ciudad más rápido que en otras.

“Cuando sus tarifas de agua son inasequibles y no se está tomando en cuenta a los clientes de bajos ingresos, habrá un impacto desproporcionado en los residentes negros y otros residentes de color”, dijo Montag.

Y esa deuda de agua puede tener efectos profundos tanto en la riqueza generacional de las familias como en la estabilidad y la viabilidad económica de comunidades enteras a largo plazo. Los propietarios que se encuentran agobiados por una deuda de agua puede resultar en que las propiedades se descuiden y en que las comunidades se vean atrapadas por la desinversión.

La deuda de agua puede ayudar a disminuir el valor de una casa, evitando que se mantenga en buen estado, se venda o genere ganancias para los familiares que hereden la propiedad. Y las comunidades plagadas de cientos de esas casas están ansiosas por atraer inversión económica.

Además, algunos desaprueban la práctica de que las Municipalidades cobren impuestos al agua.

“Aumentar los ingresos de los impuestos por medio de una factura de agua y alcantarillado es una de las formas más regresivas en que un gobierno puede recaudar ingresos”, dijo Manuel Teodoro, profesor asociado de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Las Municipalidades por todo el país emiten impuestos sobre el agua para financiar otros servicios, dijo Teodoro.

“Si observa la gama completa de formas en que la ciudad puede recaudar fondos, un impuesto al agua y al alcantarillado es extremadamente regresivo porque todo el mundo tiene que usar el agua”, dijo.

Capítulo 2: Cómo el agua se hizo inasequible

Poco después de asumir el cargo en 2011, cuando se enfrentó a su primer déficit presupuestario, el ex alcalde Rahm Emanuel siguió los pasos de su predecesor —el ex alcalde Richard M. Daley. Emanuel convirtió las facturas de agua y alcantarillado de la ciudad en una fuente de ingresos.

Emanuel agregó un impuesto de basura y aumentó el impuesto de alcantarillado. Dentro de cuatro años, las tarifas de agua de Chicago casi se duplicaron. En ese momento, Emanuel dijo que los aumentos de tarifas eran necesarios para reparar la vieja infraestructura de agua de la ciudad.

Esos aumentos de precios fueron aún mayores para los dueños de casa sin medidores de agua. En 2013, la Municipalidad dijo que los dueños de casas unifamiliares sin medidor pagaban un 25% más, en promedio, por el agua porque sus facturas se calculan según el tamaño de la propiedad y la cantidad de accesorios de plomería en lugar de la cantidad real de galones utilizados. Ese mismo año, el programa MeterSave, un programa municipal que instaló medidores de agua gratis, superó su meta anual al instalar más de 16,300 medidores, y Emanuel anunció que el programa estaba “logrando ahorros significativos para los residentes de Chicago en toda la ciudad”.

Pero muchos propietarios del lado sur, como Carla Padgett, no sabían que sus propiedades no tenían medidor. Padgett y su hijo adolescente viven en una casa de dos pisos que heredó de su abuelo que incluye cinco dormitorios y dos baños. Ella dice que usan muy poca agua, mencionando las duchas militares que le enseñó su padre, pero sus facturas recientes de agua y alcantarillado son de aproximadamente un promedio de $1,400 cada seis meses.

Antes de divorciarse en 2015, comenzó a atrasarse en sus facturas de agua, que solo siguieron subiendo cuando Emanuel implementó un impuesto al alcantarillado en 2017 además del aumento anterior.

El impuesto al alcantarillado se creó, específicamente, para ayudar a pagar la gigantesca deuda de pensiones de los empleados municipales, que se encontraba en cerca de $19 mil millones cuando se aprobó el impuesto. Emanuel dijo que el impuesto protegería a los contribuyentes de Chicago de “soportar la carga de los crecientes costos de las pensiones en el futuro”.

“No solo estamos abordando las finanzas de la ciudad, nos aseguramos de que miles de trabajadores puedan jubilarse con dignidad y seguridad”, dijo Emanuel en un comunicado de prensa después de que el Consejo de la Ciudad de Chicago aprobara el impuesto.

Pero la solución de Emanuel al problema de las pensiones alimentó una nueva crisis de la deuda del agua. Aumentó la carga financiera de Padgett y muchos otros habitantes de Chicago que todavía se estaban recuperando del aumento en las facturas de agua y alcantarillado que Emanuel aprobó años antes. Miles de propietarios de Chicago se estaban endeudando porque no podían mantenerse al día.

Emanuel no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Desde que se implementó el impuesto al alcantarillado, las facturas de agua de Padgett aumentaron y su deuda se acumuló a un ritmo más rápido que en años anteriores. En 2017, le facturaron alrededor de $1,100 cada seis meses. Para abril de 2019, su factura había aumentado casi un 30% a $1,415. Continuó haciendo pagos, pero no lo suficiente para cubrir todas las facturas. Hoy, le debe a la Municipalidad más de $8,000, según muestran los registros de facturación.

“No nos vamos de vacaciones. No hacemos nada extravagante. No compro mucha ropa”, dijo Padgett.

Mientras Padgett intentaba pagar la deuda, comenzó a investigar. Una organización sin fines de lucro local le contó sobre el programa municipal MeterSave.

Pero para entonces ya era demasiado tarde. La Municipalidad suspendió el programa MeterSave en 2019 luego de una investigación del Chicago Tribune que encontró niveles elevados de plomo en el agua de los hogares con los nuevos medidores.

Hay casi el doble de hogares sin medidor en los códigos postales con población mayoritariamente negra de Chicago en comparación con los códigos postales de mayoría blanca, encontró un análisis de WBEZ.

Esas casas no solo tienen facturas de agua más altas, sino que también conllevan una carga de impuestos más alta.

Padgett tendría que gastar más de dos semanas de sus ganancias para pagar la factura que recibió solo en abril de 2019.

Teodoro dice que los residentes de Chicago de clase trabajadora, como Padgett, están gastando una mayor parte de sus cheques en facturas de agua y alcantarillado para ayudar a equilibrar los presupuestos. Pero los impuestos a los servicios públicos son particularmente regresivos.

“Mi consejo es: resista la tentación, cobre impuestos honestamente”, dijo Teodoro. “Los impuestos al agua y al alcantarillado suponen una carga desproporcionadamente pesada para la población que tiene menos capacidad para pagar”.

Un estimado de $775 millones en ingresos por impuestos de agua y alcantarillado se asignaron al Fondo de Anualidades y Beneficios de los Empleados Municipales desde que el impuesto se implementó en 2017, según un análisis de WBEZ de los documentos presupuestarios municipales.

Naomi Davis, la fundadora y directora ejecutiva de Blacks in Green, una organización sin fines de lucro que aboga por la justicia ambiental, ayudó a los dueños de casa de Chicago que estaban viviendo sin agua. Davis coordinó la distribución de agua a los dueños durante la pandemia y trató de ayudarlos a ellos y a otras personas a lidiar con sus cuentas atrasadas. Esos esfuerzos han sido difíciles, dijo.

“Sabíamos que existían programas y fondos para reducir la deuda de agua y evitar la corte, pero esta información no fue transmitida de manera rutinaria y consistente por los representantes de servicio al cliente”, dijo Davis.

Davis trabajó junto con otras organizaciones locales durante la pandemia para reconectarle los servicios de agua a los residentes de Chicago y proporcionarles agua embotellada gratuita. Mientras conocían a los propietarios que estaban navegando con los cortes de agua y facturas altas, estas organizaciones comenzaron a ayudarles a interactuar con el Departamento de Agua.

“Cuando le llamábamos al Departamento de Agua, con la autorización de un contribuyente, y queríamos administrar el proceso o facilitar una solución”, dijo Davis, “lo que encontramos consistentemente fue que no había una calidad constante, el representante de servicio al cliente no estaba proporcionando información coherente”.

Davis dijo que la “absoluta disfunción o incompetencia” del Departamento de Agua y su “cultura de hostilidad e indiferencia” ha perjudicado de manera desproporcionada a los habitantes negros de Chicago. Señaló los antecedentes de racismo documentados del departamento.

El liderazgo del Departamento de Agua estuvo plagado de escándalos bajo Emanuel.

En 2017, el comisionado Barrett Murphy se vio obligado a renunciar después de solo un año en el trabajo cuando se supo que circulaban correos electrónicos racistas y sexistas entre los empleados del Departamento de Agua, y el propio Murphy participó reenviando un correo electrónico ofensivo.

La Oficina del Inspector General de Chicago, Joseph Ferguson, descubrió correos electrónicos “que se extendían a los niveles superiores de la administración del departamento”, según los reportes, mientras investigaba las acusaciones de que un superintendente de distrito usó su cuenta de correo electrónico de la Municipalidad para vender armas. Al final de esa investigación, la oficina de Ferguson recomendó despedir a tres empleados del Departamento de Agua.

El 12 de mayo de 2017, Emanuel nombró a Randy Conner como nuevo comisionado. A Conner, que es afroamericano, se le asignó la tarea de arreglar una agencia con una cultura impregnada de racismo. El ex presidente del Caucus Negro del Concejo Municipal, el concejal Roderick Sawyer, del distrito 6, describió “la cultura arraigada del racismo” en el Departamento como un “secreto a voces durante años”.

Un mes después de que Conner fuera nombrado, siete empleados negros presentaron una demanda federal alegando que se les negó promociones, fueron sometidos a insultos raciales y fueron acosados sexualmente debido a su raza.

“Sí, he escuchado la ‘palabra n’ repetidamente”, le dijo un ingeniero en jefe asociado de operaciones al Chicago Tribune.

Durante una audiencia del Concejo Municipal, el concejal del lado sur, David Moore, del distrito 17, exhibió una foto de un camión del Departamento de Agua con una soga colgando en frente del tablero como evidencia de la cultura racista existente en el departamento.

Cuando Connor se retiró en diciembre, la subcomisionada Andrea Cheng intervino temporalmente y luego fue nombrada comisionada. Davis, de Blacks in Green, dijo que este nombramiento fue una oportunidad perdida para un cambio real en el departamento.

“Tampoco hay evidencia de que haya tomado posición alguna contra los desequilibrios estructurales y el tipo de resultado draconiano que se produjo con las personas negras y latinas bajo el sistema actual”, dijo Davis. “Ahora, estamos situados para ver más de lo mismo”.

Padgett no tiene conocimiento de la historia del departamento, pero cuestiona el sistema represivo de la colección de deudas. Sus finanzas empeoraron durante la pandemia. En 2020, cuando se ordenó el cierre de las escuelas a favor de la educación remota, ella perdió su trabajo. Sin ingresos, su deuda siguió creciendo. A principios de este año, llegó más de $8,000 e incluía más de $1,700 en multas.

“Esto es tan loco... Ya estoy luchando lo suficiente solo para pagar mi hipoteca”, dijo Padgett. “No tiene ningún sentido. ¿Por qué penalizar a la gente por el agua? No entiendo.”

Padgett dijo que estaba orgullosa cuando heredó la casa de su abuelo, quien fue la segunda persona afroamericana en tener una casa en la cuadra. El árbol genealógico de Padgett tiene sus raíces en esta casa. Después de servir en el ejército, su abuelo se mudó de Mississippi a Chicago en la década de 1950 y se estableció en el vecindario de Greater Grand Crossing. Plantó un pino en su jardín delantero. Ahora es más alto que el edificio y es el único árbol de este tipo en la cuadra.

“Si ese árbol pudiera hablar, es por eso que puedes ver que tengo una foto puesta en él. Las historias que el árbol pudiera contar”, dijo.

Decenas de familiares se han sentado debajo de ese árbol y también han hecho de la casa su hogar.

“Todos los miembros de mi abuela y la familia de mi abuelo del sur se quedaron en este edificio”, dijo.

El divorcio de Padgett y luego perder su trabajo desencadenaron una serie de dificultades financieras que la llevaron a la quiebra. Pero la creciente deuda de agua es desestabilizadora.

Padgett no gana lo suficiente para mantenerse al día con sus facturas de agua. Pero gana demasiado para calificar para el programa Utility Billing Relief, que la administración de Lightfoot dijo que creó el año pasado para ayudar a los dueños de casa de bajos ingresos. Según el programa, los propietarios que califican obtienen un descuento del 50% en sus facturas de agua y alcantarillado y califican para que se les perdonen sus deudas. La Asociación de Desarrollo Económico y Comunitario del Condado de Cook, Inc., o CEDA por sus siglas en inglés, ayudó a la Municipalidad a inscribir a más de 15,000 hogares.

“No quiero llegar a perder mi edificio por una factura de agua”, dijo Padgett después de recibir una carta de un bufete de abogados con respecto a su deuda. Recientemente se enteró que la Municipalidad puede emitir embargos contra las propiedades de los propietarios con deudas atrasadas. Dijo que le teme a los agresivos cobradores de deudas que a menudo la llaman o le envían cartas. “No es como si tuviera una opción”, dijo Padgett, conteniendo las lágrimas. “Tengo que tener agua”.

El 1 de marzo de 2021, su factura de agua atrasada se dictaminó por $5,669. Esa suma incluye cientos de dólares en multas y costos, como una tarifa de $350 para pagar un abogado privado que representó a la Municipalidad en una audiencia administrativa donde se tomó el fallo. Padgett se perdió la audiencia porque no recibió el aviso a tiempo.

Capítulo 3: Muchos días de corte, poco debido proceso

En un sábado en la mañana caluroso y húmedo durante el verano, el juez de derecho administrativo Joseph Chico se sienta al frente de una pequeña corte dentro del Departamento de Audiencias Administrativas. El departamento fue creado hace más de 20 años para acelerar las violaciones de cumplimiento del código al mantenerlas fuera de la corte de circuito del condado. Esta corte administrativa ha adjudicado más de 100,000 casos relacionados con facturas de agua en deuda durante la última década.

En este día, la agenda de Chico está ocupada con 59 casos antes del mediodía.

“La Ciudad de Chicago contra Luis y Cristina Infante”, lee Chico en el expediente.

Cristina Infante y su esposo, Luis, se sientan cerca del pequeño micrófono. Pero es su hermano, Pedro, quien responde a las preguntas del juez. Infante trajo a su hermano para traducir durante la audiencia. Luego de dos minutos de discusión, Chico emitió su dictamen. Encontró a los Infantes responsables de $4,969.85 en facturas de agua vencidas. Ese total incluía una tarifa administrativa de $25. El juez canceló la tarifa de $350 para cubrir la comparecencia del abogado privado que representó a la Municipalidad, algo poco común en las audiencias administrativas.

Infante dijo que esperaba que el juez mostrara compasión.

Quería decirle al juez que su familia no tenía ingresos desde que su esposo sufrió un derrame cerebral en 2019 que lo dejó paralizado.

“Nuestras vidas cambiaron por completo”, dijo la residente de Pilsen de 59 años. “Él se enfermó y yo también. Y no pudimos pagar todas nuestras facturas”.

Pero Infante nunca tuvo la oportunidad de explicar la situación de su familia. Esta fue su segunda audiencia en cinco años.

Ella dijo que el abogado privado que representa a la Municipalidad solo estaba interesado en inscribirla en un plan de pago.

A diferencia de los Infantes, la mayoría de los propietarios convocados en la última década nunca llegaron a la corte. Los jueces administrativos emiten sentencias por defecto cuando los dueños no asisten a sus audiencias. Casi nueve de cada 10 casos relacionados con una deuda de agua terminaron con sentencias por defecto.

Los críticos cuestionan la falta de transparencia y el debido proceso del sistema. Sin embargo, los funcionarios del departamento no estuvieron de acuerdo. En una declaración, el departamento escribió que “se brinda una cantidad significativa de debido proceso” y que los propietarios tienen hasta 21 días para presentar una moción para “anular las sentencias por defecto”.

WBEZ entrevistó a decenas de propietarios que se retrasaron en sus facturas de agua. De los propietarios que dijeron que habían sido contactados por un colector de deudas, ninguno sabía de las cortes.

Ya sea por defecto o por fallo durante las audiencias, los dictámenes son poderosas herramientas de ejecución. Se convierten en la base con la cual los cobradores de deudas van detrás de sus cheques de pago e incluso sus propiedades.

La Municipalidad subcontrató su colección de deudas a ocho bufetes de abogados privados que se quedan con el 25% de la deuda de agua que recuperan. Dado que a los bufetes de abogados se les paga por contingencia, su persecusión es agresiva.

Los cobradores de deudas han embargado $8.8 millones en salarios y recaudado $26.4 millones de sentencias desde 2013. La Municipalidad también presentó embargos legales, o gravámenes, contra 4,500 propietarios entre 2010 y 2012. No está claro cuántos de esos embargos se han ejecutado o perdonado. La Municipalidad dijo que dejó de emitirlos en 2012.

Cuando se le preguntó acerca de poner fin a esa práctica, el Departamento de Finanzas dijo en un comunicado que “los gravámenes ya no son eficiente en costos”.

Desde 2010, los residentes de Chicago han pagado más de $937 millones para abordar sus facturas de agua atrasadas y las tarifas adicionales asociadas con esa deuda. Los ocho bufetes de abogados contratados para cobrar esas deudas colectivamente han tomado más de una porción de $60 millones de ese total.

Capítulo 4: La mujer que luchó con el Ayuntamiento y ganó

Cuando Sylvia Taylor heredó la casa de su familia en Englewood, había un saldo de $478 en la cuenta, que eventualmente pagó.

A lo largo de los años, Taylor hizo cinco solicitudes para desconectar el agua, según muestran los documentos, en caso de que no cerraran el agua “de la manera correcta” las primeras veces, dijo. Pero siguió recibiendo facturas cada seis meses, $280 en 2007. Taylor pagó cerca de $1,500 entre 2008 y 2013 para ayudar a evitar que la deuda creciera, dijo. Pero rápidamente se dio cuenta de que la Municipalidad no dejaría de agregar nuevos cargos. Para 2019, le estaban cobrando $2,200 cada seis meses, casi la mitad que provenía de multas.

Una revisión de los registros municipales muestra que docenas de residentes de Chicago pueden enfrentar luchas similares de incurrir deudas de agua por propiedades desocupadas. WBEZ identificó al menos 160 propiedades, incluidas 48 propiedades sin medidor, etiquetadas como vacantes por la Municipalidad, que tenían una deuda de agua dentro de los 90 días de haber sido incluidas en la base de datos municipal de vacantes.

Taylor dijo que el error de facturación le impidió alquilar la propiedad. Dijo que encontró al inquilino perfecto en 2013, pero que no pudo conseguir que la Municipalidad restaurara el agua a la propiedad. Le dijeron que el agua ya estaba encendida.

Cansada y frustrada, Taylor recurrió a los medios de comunicación en busca de ayuda. Se dio cuenta que por sí misma, no podría lograr mucho.

Taylor se acercó a WBEZ para pedir ayuda en 2019 luego de una investigación sobre el aumento del costo del agua en Chicago y las desconexiones de agua que se concentraron desproporcionadamente en vecindarios de bajos ingresos, en su mayoría negros y latinos en la ciudad.

“Cuando escuché tu historia, fue como una inyección en el brazo o una mezcla vitaminas que me dio la fuerza para volver a intentarlo”, le dijo Taylor recientemente a WBEZ.

El Departamento de Gestión del Agua se negó a responder preguntas sobre el caso de Taylor, excepto para decir que la Municipalidad ayudó a Taylor a restaurar el agua durante la pandemia. La Municipalidad trabajó en estrecha colaboración con Elevate Energy, según un comunicado del Departamento de Agua.

“Elevate Energy reemplazó la mayor parte de su plomería interior, instaló un calentón nuevo”, se lee en el comunicado. “Todo sin costo para la Sra. Taylor”.

Según el comunicado, el Departamento de Agua está trabajando con Taylor para verificar si califica para su Programa de Reemplazo de Línea de Servicio de Plomo, que también le ayudaría a Taylor a instalar un medidor de agua.

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Sylvia Taylor visita la oficina del secretario del Condado de Cook el 30 de julio para obtener un gravamen legal contra su propiedad. Esto marcó el final de una batalla de 14 años con la Municipalidad por la deuda de agua.

Manuel Martínez/WBEZ

En enero de 2020, WBEZ visitó la propiedad, verificó que no tenía agua y presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) ante la Municipalidad para obtener el historial de la cuenta de Taylor y otros registros. Esa primera solicitud finalmente llamó la atención de las personas adecuadas.

Obligó a los funcionarios de la ciudad a revisar los registros y rápidamente encontraron el error.

“Su argumento y el de WBEZ es probablemente que se le facturó injustamente de forma continua y que su propiedad ha estado desocupada desde 2007”, escribió un oficial de FOIA anónimo del Departamento de Agua en un correo electrónico al ex portavoz de la alcaldesa, Hali Levandoski, el 31 de enero de 2020, según correos electrónicos internos.

“Hay algunas órdenes de servicio que indican que la propiedad parece estar vacante”, advirtió el oficial de FOIA sobre un reporte que decía que todo el edificio estaba “vacío y sin agua desde 2007”.

Megan Vidis, vocera del Departamento de Agua, señaló que el reporte podría ser un problema.

“La página 14 es un problema”, escribió Vidis a Levandoski y Anjali Julka, ex oficial de FOIA de la oficina de la alcaldesa. “El anotador probablemente estaba repitiendo lo que la dueña le estaba diciendo”.

WBEZ presionó a la Municipalidad para que produjera los registros en febrero de 2020, y ese mismo mes la Municipalidad le perdonó a Taylor $21,400 de la deuda de agua, según muestran los registros de facturación. Pero la lucha estaba lejos de terminar. A los pocos meses, Taylor se vio obligada a mudarse a la casa vacía de Englewood que había estado sin agua durante más de una década. Vivió ahí sin agua durante casi un año durante una de las peores pandemias de la historia moderna.

La casa de Taylor en Bronzeville se incendió en febrero de 2019. La trabajadora de salud comunitaria jubilada rentó un apartamento cercano para monitorear la reconstrucción. Pero la Municipalidad retrasó sus permisos de construcción para esa casa durante meses debido a la deuda de agua errónea. Cuando su compañía aseguradora se negó a seguir pagándole la renta para adaptarse a las demoras, se vio obligada a mudarse a la casa vacía de Englewood. Se vio obligada a vivir sin agua durante ocho meses. Y la casa de 125 años tenía insulación deficiente; hacía un frío espantoso en el invierno.

“Hacia muchísimo frío. Podía ver mi aliento”, dijo sobre su casa en Englewood. “Pasé mi tiempo en una pequeña habitación con un calentador, y así fue como me mantuve caliente y pude lidiar con las cosas”.

Estaba desesperada y se puso en contacto con la oficina de la alcaldesa para pedir ayuda para restaurar el agua. Alrededor de ese tiempo, las organizaciones locales se asociaron con el Departamento de Agua para ayudar a los habitantes de Chicago que vivían sin agua durante la pandemia a reconectar los servicios. Taylor se conectó con Elevate Chicago y otras organizaciones locales para pagar el reemplazo de las tuberías viejas y rotas de la casa.

Para la primavera de 2021, Taylor finalmente reconectó el agua. Pero este todavía no era el final de su batalla con la Municipalidad. Todavía existía el gravamen legal que la Municipalidad había presentado contra su propiedad en 2009 en busca de $1,100 que la Municipalidad afirmó que debía en ese momento.

“Mi madre y mi padre ahorraron para comprar este edificio”, dijo. “Hubiera sido absurdo para mí que pasaran por lo que pasaron para ser dueños de casa y, mientras está bajo mi cuidado, que la ciudad me la quite por estas facturas falsificadas y embargos”.

Durante el verano, mientras WBEZ investigaba los gravámenes legales que se le impusieron para cobrar la deuda del agua, la Municipalidad le envió a Taylor un aviso que no reconoció. Habían liberado el gravamen legal contra su propiedad.

Los correos electrónicos internos muestran a funcionarios discutiendo las solicitudes de WBEZ. Pero la mayoría de los correos electrónicos están redactados y es imposible saber por qué le enviaron a Taylor ese formulario.

A pesar de todos los desafíos, Taylor dijo que está contenta de que el Departamento de Agua finalmente haya admitido que estaban equivocados.

Taylor dijo que ganarle al Ayuntamiento es aún más dulce porque la Municipalidad puede haberla subestimado —una mujer negra de Englewood.

“El Departamento de Agua podría haber dicho esto, simplemente otra persona negra tonta que vive en Englewood, y no tenemos que escucharla porque, ya sabes, es estúpida de todos modos”, dijo Taylor. “Lo sé, porque eso es lo que hacen muchas instituciones”.

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