La “negligencia e incompetencia” de la Municipalidad de Chicago permitió que una tormenta de polvo de demolición cubriera La Villita en 2020, según un reporte del inspector general que critica al Ayuntamiento por su respuesta al asunto.
El reporte, finalizado en 2021 pero mantenido en secreto durante mucho tiempo por la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot, culpa a tres funcionarios municipales implicados y al desarrollador Hilco por la mala planificación de la implosión de la chimenea de casi 400 pies de altura de la antigua planta eléctrica de carbón de Crawford.
Cuando la estructura se vino abajo, arrojó una enorme nube de polvo que cubrió casas, patios, coches y todo lo demás en la zona cercana a la planta.
En el reporte, que se mantuvo secreto durante mucho tiempo, el entonces inspector general municipal, Joe Ferguson, recomendaba la adopción de medidas disciplinarias contra dos empleados del Departamento de Edificios, Marlene Hopkins y Jorge Herrera, y contra Dave Graham, comisario adjunto del Departamento de Salud Pública de la ciudad, por sus fallos de supervisión, “que deberían tener en cuenta la magnitud de la amenaza para la salud pública, el bienestar y la seguridad de miembros inocentes e involuntarios de la comunidad”.
El año pasado, el Chicago Sun-Times reveló que se había advertido a las autoridades municipales de que la implosión, ocurrida durante el fin de semana de Pascua de abril de 2020, podía causar daños “casi cataclísmicos” y se les había aconsejado que tomaran medidas de precaución.
Hace poco más de un año se hizo público un resumen del reporte.
Pero Lightfoot ha mantenido en secreto el reporte completo de 94 páginas, a pesar de que miembros de la comunidad, el Concejo Municipal de Chicago, Ferguson y otras personas han pedido su publicación.
Ferguson se negó a hacer comentarios.
En una declaración escrita el martes, los funcionarios del gobierno de Lightfoot no defendieron los pasos que condujeron al suceso, pero afirmaron que el Ayuntamiento actuó “con rapidez y decisión” después y tomó medidas para evitar futuros problemas con las demoliciones.
Hilco estaba demoliendo la planta eléctrica de carbón para construir un almacén de distribución de Target.
Los vecinos se opusieron al proyecto, alegando que un almacén con cientos de camiones diésel al día sustituía una fuente de contaminación por otra.
Sin embargo, Kim Wasserman, directora ejecutiva de la Organización para la Justicia Ambiental de La Villita (LVEJO, por sus siglas en inglés), afirma que se hizo caso omiso de las peticiones para detener la demolición en los primeros días de la pandemia del COVID-19.
El “personal de la Municipalidad desempeñó un papel directo y activo, impulsando la implosión planeada y abandonando su deber de informar y proteger al público”, declaró Wasserman tras revisar el reporte.
El reporte señala que inicialmente el plan de demolición no planeaba implosión alguna. Sin embargo, una vez cambiado el plan, no se exigió un nuevo permiso.
“El proceso de permiso original reveló una demolición planificada que no se llevaría a cabo mediante una implosión con explosivos”, dice el informe.
El reporte de Ferguson dice que Herrera y Hopkins deberían haberse asegurado de que se revisara un nuevo permiso para la implosión.
Según el reporte del inspector general, Graham sabía que el nuevo plan “reducía considerablemente las medidas de mitigación de polvo”, y los tres empleados municipales minimizaron posteriormente a su participación en el proceso.
“Hopkins y Herrera trataron continuamente de minimizar su papel en el proceso de implosión, a pesar de llevar a cabo la mayor parte de la coordinación con Hilco en la planificación de la participación de la Municipalidad”, dice el reporte.
En su lugar, los dos dijeron que el Departamento de Transportación de la ciudad era de alguna manera responsable de la planificación de la demolición. Según el reporte, hubo múltiples casos de este tipo en los que los funcionarios de los departamentos se señalaron unos a otros.
En cuanto al papel del Departamento de Edificios, Herrera incluso investigó el asunto, según el reporte, que dice que su investigación “sorprendentemente sólo implicó usar un buscador [de internet] disponible públicamente para averiguar las responsabilidades [del departamento]”.
Hopkins no fue sancionado —y fue ascendido meses después de la implosión en La Villita.
Herrera, entonces inspector jefe de edificios, tampoco fue sancionado.
Se había recomendado sancionar a Graham, posiblemente con el despido. Pero el Ayuntamiento decidió que una amonestación por escrito era el castigo apropiado.
Preguntado sobre una llamada telefónica clave antes de la demolición, el reporte dice: “Graham declaró que sólo atendió la mitad de esta llamada y que no prestó atención”.
El reporte de Ferguson también critica a la administración Lightfoot por su precipitación a la hora de imponer sanciones a Hilco y sus contratistas, que pagaron un total de $68,000 y no admitieron haber cometido infracción alguna. Hilco pagó menos de un tercio de esa cantidad.
“A pesar de las atroces repercusiones de la conducta de Hilco, [el inspector general] no recomendará ninguna otra acción contra Hilco debido al efecto legalmente preclusivo del acuerdo al que llegó la Municipalidad con Hilco”, decía el reporte,
Los funcionarios de la administración Lightfoot han dicho que el reporte no podía hacerse público, aunque esto ha suscitado cierto debate.
Deborah Witzburg, que fue nombrada inspectora general el año pasado, se negó a hacer comentarios sobre el reporte aparte de decir que “los documentos confidenciales no deben hacerse públicos.”
El representante demócrata Jesús “Chuy” García, que se enfrenta a Lightfoot en la carrera por la alcaldía, dijo que el reporte mostraba una “mala toma de decisiones” y una “falta de responsabilidad.”
Los reportajes de Brett Chase sobre el medio ambiente y la salud pública son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.
