Un juez federal de California dictaminó a favor de varios grupos de inmigración, incluida la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois, bloqueando por ahora el aumento de 81% en el costo de la solicitud de la ciudadanía estadounidense.
El juez Jeffrey White aprobó una moción el martes que impide que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) imponga el viernes ajustes a sus tarifas. Aunque ocurrió en California, la decisión exige que se bloqueen las tarifas en todo el país, en espera del fallo final de la demanda iniciada por organizaciones y respaldada por diversos gobiernos locales y estatales que argumentaron en contra de los cambios en las tarifas.
USCIS se negó a comentar la noche del martes, alegando que la agencia estaba revisando la orden judicial temporal.
En las últimas dos semanas, inmigrantes que residen en el área de Chicago se apresuraron a presentar solicitudes ante USCIS, antes de que el gobierno impusiera los cambios. La tarifa para solicitar la ciudadanía hubiera aumentado de $640 a $1,160.
Fred Tsao, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Illinois, dijo que la decisión muestra que los ajustes a las tarifas no se justificaron y la decisión tenía “graves defectos”.
“Esta es una victoria para todos los inmigrantes que aspiran a la ciudadanía, pero que hubieran sido excluidos por esta nueva tarifa”, dijo Tsao en un correo electrónico.
La semana pasada se realizó una audiencia virtual para discutir la orden judicial. Samina Bharmal, abogada que representa a los grupos de inmigración, argumentó que Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, no tiene la autoridad para implementar los cambios debido a cuestiones legales sobre si fue designado correctamente para el puesto.
Pero el gobierno defendió el nombramiento de Wolf y argumentó que los grupos de inmigración simplemente especulan sobre cómo esos cambios de tarifas afectarían a sus finanzas.
La demanda federal presentada por los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes que desafían la regla de las tarifas sigue pendiente de la decisión final. La próxima audiencia está programada para el 4 de diciembre.
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