Dos semanas antes de que Karina González fuera baleada fatalmente en su casa de La Villita, fue a la comisaría del distrito policial de Ogden y dijo que su marido la había amenazado de muerte.
“No sabes quién soy”, le había gritado José Álvarez a su esposa, según su denuncia, la cual también señalaba que Álvarez tenía un arma en la casa.
En unos días, a González se le otorgó una orden de protección contra Álvarez prohibiéndole que entrara a la casa. Sin embargo, Álvarez todavía estaba en la casa y todavía tenía su pistola Glock 9 mm el 3 de julio cuando los fiscales dicen que le disparó fatalmente a su esposa y a su hija de 15 años e hirió a su hijo de 18.
Según la ley estatal actual, no existe un proceso claro para confiscar un arma después de que se haya emitido una orden de protección, según defensores de la prevención de la violencia doméstica. La ley tampoco dicta qué tan rápido debe ser.
“No hay rendición de cuentas”, dijo Amanda Pyron, directora ejecutiva de Network, una colección de grupos de prevención de la violencia doméstica. “Aunque sabemos que una tarjeta FOID (para portar armas) debe ser revocada, y en este caso fue revocada, eso no afecta la capacidad de una persona para poseer armas de fuego”.
Un proyecto de ley en la Asamblea General le daría a la policía la autoridad para confiscar inmediatamente un arma después de que se emita una orden de protección y les daría 48 horas para hacerlo.
“Si lo hubiéramos aprobado hace un par de años, se habrían salvado innumerables vidas”, le dijo al Sun-Times la representante Maura Hirschauer, patrocinadora principal del proyecto de ley. “Cada momento que desperdiciamos al no aprobarlo es una amenaza a la seguridad de las sobrevivientes y sus familias”.
Un día después de que González denunciara las amenazas de su marido a la policía, acudió a corte y le concedieron una orden de protección contra él. Ella citó su consumo de alcohol, drogas y comportamiento amenazante.
La orden de restricción revocó automáticamente su tarjeta FOID.
Al día siguiente, la Policía de Chicago respondió a una llamada de “disturbio doméstico” en la casa, pero no hay indicaciones de que estuvieran al tanto de la orden o que hubieran buscado su nombre.
La orden se había ingresado en el Sistema de Datos de las Agencias de Aplicación de la Ley de Illinois el día anterior y habría aparecido si los oficiales hubieran verificado, según la policía estatal.
Se supone que la policía estatal debe revisar el reporte de peligro claro y presente dentro de las 24 horas, revocar la tarjeta FOID y notificar a la policía local, según la ley estatal.
Pero la policía estatal dice que nunca recibió un reporte.
Al día siguiente, el 23 de junio, los agentes del alguacil del Condado de Cook fueron a la casa de Álvarez para entregar oficialmente la orden de protección, pero él no estaba en casa. El mismo día, la policía estatal comparó la orden de protección con la tarjeta FOID de Álvarez. El 24 de junio, le notificaron por correo electrónico a la Policía de Chicago y al Alguacil del condado de Cook.
Ni la Policía de Chicago ni la Oficina del Alguacil del Condado de Cook pudieron confirmar que recibieron la notificación. El Sun-Times no pudo encontrar ningún registro de que alguien fuera a la casa a retirar el arma.
Ocho días después, González y su hija murieron baleadas.
El Departamento de Policía de Chicago no respondió a preguntas específicas sobre las acciones de los oficiales, pero emitió un comunicado que decía: “Estamos revisando todos los aspectos de este trágico caso. Nos preocupamos profundamente por la seguridad y el bienestar de las víctimas que han sufrido violencia doméstica y estamos evaluando nuestras políticas y procedimientos relacionados con estos incidentes”.
“Las personas que causan daño harán todo lo posible en cualquier momento para continuar haciendo daño o incluso matar a sus parejas”, dijo Stephanie Love-Patterson, directora ejecutiva de Connections for Abused Women and Their Children.
“Irse no siempre iguala seguridad o recuperar su poder, ni obtener una orden de protección necesariamente conduce a la seguridad”, dijo.
Con personas que obtuvieron una orden de protección, Love-Patterson dijo que su organización trabaja en la planificación de su seguridad, asegurándose de que su lugar de trabajo o las escuelas de sus hijos estén al tanto de la orden y puedan actuar si la pareja intenta visitarlos.
“Es frustrante enterarse de que siguen matando a personas, incluso cuando intentan hacer lo correcto para protegerse a sí mismas y a sus hijos”, dijo.
Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Illinois tiene como objetivo agilizar el proceso de incautación de armas en casos de violencia doméstica. Cuando un juez otorga una orden de protección, deberá ser acompañada por una orden de incautación.
Le daría a un oficial o a un diputado la autoridad para incautar armas al presentar una orden de protección, según los partidarios del proyecto de ley. El proyecto de ley daría a las agencias de aplicación de la ley 48 horas para entregar la orden y confiscar cualquier arma.
Solo en el Condado de Cook, hay alrededor de 731,000 personas con tarjetas FOID. De esos, a más de 37,000 se les han revocado. Pero el 74%, o aproximadamente 27,000, no cooperan, lo que significa que probablemente todavía tengan sus armas.
Durante una audiencia pública en junio de 2022, la policía del alguacil del Condado de Cook les dijo a los legisladores que no tenían la mano de obra ni el dinero para recuperar todas esas armas.
Cual sea la razón, los defensores de la prevención de la violencia doméstica dicen que el sistema le falló a González y su familia.
“A pesar de lo desalentadora que es esta historia, y tantas historias, tenemos que seguir presionando por la ciudad que queremos tener y la red de seguridad que sabemos que los sobrevivientes merecen”, dijo Pyron.
La red opera la línea directa de violencia doméstica de Illinois, a la que las personas pueden llamar o enviar mensajes de texto en cualquier momento del día al 877-863-6338 (877-TO END DV).
