SAN DIEGO — Se le prohibirán al gobierno federal las políticas de inmigración que separan a los padres de sus niños durante ocho años bajo un acuerdo judicial propuesto anunciado el lunes que también les proporcionaría a las familias que fueron separadas bajo la administración de Trump con un estatus legal temporal y ayuda de vivienda a corto plazo.
El acuerdo entre la administración de Biden y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), si es aprobado por un juez, prohibiría al menos temporalmente la política de “cero tolerancia” sobre la inmigración indocumentada bajo la cual el ex presidente Donald Trump separó a miles de familias en la frontera con México.
“Es nuestra intención hacer todo lo posible para asegurarnos de que la crueldad del pasado no se repita en el futuro. Establecimos procedimientos a través de este acuerdo de conciliación para avanzar en ese esfuerzo”, le dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al Associated Press.
El senador de Illinois, Dick Durbin, un crítico abierto de la política de la era de Trump, aplaudió a la administración de Biden por alcanzar el acuerdo y advirtió contra el posible regreso de la política.
“El anuncio de hoy es una victoria para los cientos de familias que soportaron un trauma severo debido a la cruel e inhumana política de separación familiar de la Administración de Trump, una política que iba directamente en contra de los valores de esta nación”, dijo Durbin en un comunicado el lunes. “Les debemos a estas familias asegurarnos de que nunca repitamos este oscuro período en nuestra historia”.
Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, no ha descartado la posibilidad de revivir la muy controvertida táctica en la frontera sur si gana las elecciones del próximo año.
Su administración separó a los niños de sus padres o tutores con los que viajaban al perseguir penalmente a las personas que cruzaban la frontera. Los niños, que no podían ser detenidos, fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y, luego, normalmente enviados a vivir con un patrocinador, a menudo un familiar u otra persona con un vínculo familiar.
Los sistemas de seguimiento defectuosos hicieron que muchos estuvieran separados durante mucho tiempo o que nunca se reunieran con sus padres. Frente a una fuerte oposición, Trump finalmente cambió de dirección en 2018, días antes de que el juez de distrito de Estados Unidos Dana Sabraw en San Diego detuviera la práctica y ordenara la reunificación inmediata tras la demanda presentada por la ACLU.
Durante un debate público en CNN en mayo, Trump no se comprometió a decir si volvería a separar familias si es elegido. “Cuando dices a una familia que si vienen los vamos a separar, no vienen”, dijo cuando se le presionó.
Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, dijo que la prohibición de cualquier intento futuro de separar familias como elemento disuasorio de la inmigración era crucial.
“Este acuerdo significa que los bebés y los niños pequeños podrán por fin ver a sus padres tras años separados y que estas familias que sufren tendrán la oportunidad de buscar un estatus legal”, dijo. “Nada puede hacer que estas familias vuelvan a estar completas, pero esto es al menos algo”.
Según el acuerdo, seguiría siendo posible separar a los niños de sus padres o tutores, pero en circunstancias limitadas, como ha sido el caso durante muchos años. Entre ellos, si el niño es víctima de malos tratos o el progenitor ha cometido un delito mucho más grave que cruzar la frontera sin documentos.
El Presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en su primer día en el cargo para reunificar a las familias. Según cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero, 3,881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Alrededor del 74% de ellos se han reunido con sus familias: 2,176 antes de que se creara un grupo de trabajo de la administración de Biden y 689 después de crearse.
Cientos de familias demandaron al gobierno federal, buscando tanto daños monetarios como cambios de política.
En 2021, el gobierno estaba discutiendo un posible pago de cientos de miles de dólares a cada padre e hijo separados bajo las políticas de Trump, pero las conversaciones se estancaron en ese punto.
Pero el acuerdo propuesto proporciona beneficios clave, incluyendo la autorización para que los padres de los niños separados vengan a Estados Unidos bajo libertad condicional humanitaria durante tres años y trabajen en Estados Unidos. Las familias reciben ayudas para la vivienda durante un año y prestaciones médicas y de salud mental diseñadas para abordar algunos de los traumas asociados con las separaciones.
Mayorkas dijo conocer a una mujer que había sido separada de su hija y cómo, después de que se reunieron, su hija seguía luchando con la experiencia.
“Tenemos que ayudar a estas familias a sanar. Y es una obligación que tenemos por el dolor que les hemos infligido”, dijo.
El Fiscal General Merrick Garland dijo que la práctica de separar a las familias era “vergonzosa” y que el acuerdo propuesto proporcionará a los afectados un apoyo fundamental para recuperarse.
También tendrán acceso a servicios jurídicos que serán vitales, ya que podrán presentar solicitudes de asilo para permanecer en Estados Unidos de forma permanente. El acuerdo también suprime el plazo habitual de un año que limita el momento en que alguien puede solicitar asilo, y los padres pueden solicitarlo aunque se les haya negado previamente. Un equipo especial de supervisores revisará sus casos.
Algunas de estas ventajas ya estaban a disposición de las familias en el marco de un grupo de trabajo creado por la administración de Biden para reunificar a las familias separadas. Pero Gelernt dijo que el acuerdo va más allá del ámbito del grupo de trabajo en aspectos clave como la ayuda de asilo.
El acuerdo requiere que el gobierno mantenga documentación detallada cuando separa a los niños de sus padres para evitar el caos que estalló durante las separaciones familiares de la era de Trump, en las que padres e hijos no pudieron reunirse rápidamente.
Ahora que el gobierno y la ACLU han acordado un plan de acuerdo, el juez tendrá una audiencia para decidir si lo acepta. Antes de eso, las personas que se oponen al acuerdo pueden presentar objeciones ante el juez.
