Los defensores públicos del Condado de Cook han representado a una docena de personas que enfrentan procesos de deportación en los primeros dos meses de un nuevo programa para ampliar los servicios legales gratuitos para inmigrantes, anunciaron funcionarios el lunes.
El programa, llamado Unidad Piloto de Inmigración, ha estado en proceso desde 2020 cuando la Junta del Condado de Cook asignó fondos para que la oficina del defensor público brinde servicios legales a los inmigrantes que enfrentan la deportación. A fines de febrero, la unidad, que incluye dos abogados de planta, un abogado supervisor y un asistente legal, comenzó a tomar casos de personas que enfrentan procesos de deportación en la corte de inmigración de Chicago.
“Estamos emocionados de estar en el lugar donde estamos ahora, donde tenemos casi todo el personal”, dijo Sharone Mitchell Jr., el defensor público del Condado de Cook, quien agregó que continuará solicitando fondos para la unidad. “Planeamos, si las cosas van bien, continuar con nuestro compromiso con la unidad de inmigración y expandirla. Fue un poco lento, pero creo que ahora estamos acelerando”.
En todo el país, los defensores de inmigración en años recientes han presionado para obtener fondos federales para brindar representación legal a los inmigrantes en procesos de deportación que no pueden contratar a un abogado.
En Chicago, hay más de 110,000 casos pendientes en la corte de inmigración, incluidos más de 56,000 casos en los que las personas no están representadas por un abogado, según un análisis de datos de la Universidad de Syracuse.
La Comisionada del Condado de Cook, Alma Anaya, ayudó a investigar programas legales similares para ayudar a los inmigrantes.
Ashlee Rezin/Sun-Times
La Comisionada del Condado de Cook, Alma Anaya, dijo que ella y otras personas habían viajado a San Francisco para conocer un programa similar antes de presionar para que el Condado de Cook brindara representación legal a los inmigrantes.
“Después de años de defensa, la unidad de inmigración de la oficina del defensor público del Condado de Cook está tomando casos ahora”, dijo Anaya el lunes durante una conferencia de prensa. “Así que vamos a los tribunales y estamos haciendo un seguimiento para asegurarnos de que los inmigrantes tengan el debido proceso”.
Hasta ahora, la unidad ha manejado casos relacionados con personas que buscan asilo y otros relacionados con inmigrantes que han vivido en el área de Chicago durante años y ahora enfrentan la deportación, dijo Guadalupe Pérez, una de las abogadas de la unidad.
Cuatro de las personas a las que representaron han sido liberadas de la custodia de inmigración en espera del resultado de sus casos, dijo Pérez.
“Estamos muy satisfechos con los primeros resultados que estamos viendo”, dijo Pérez.
En febrero, la detención de inmigrantes terminó en Illinois debido a cambios en la ley estatal, pero los inmigrantes con casos en la corte de inmigración de Chicago aún pueden ser detenidos en cárceles y centros fuera del estado.
Las personas que representa la unidad tienen vínculos con el Condado de Cook, fueron representadas anteriormente o actualmente por defensores públicos del condado en otro asunto legal, o no pueden contratar a un abogado por razones financieras, dijo Pérez.
Los abogados de la unidad también comenzaron a acudir a la corte de inmigración en Chicago una vez por semana para identificar a las personas que necesitan representación legal como parte de una colaboración con la Alianza de Defensores de Inmigrantes del Medio Oeste.
La alianza incluye el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto Resurrección y el Proyecto Inmigración, que son organizaciones que ya habían brindado servicios legales para inmigrantes. Juntas, las organizaciones están iniciando un programa piloto este mes que será similar a los esfuerzos de la oficina del defensor público del Condado de Cook.
El grupo brinda ayuda legal a cualquier persona que esté en proceso de deportación en la corte de inmigración de Chicago, incluso si la persona vive en un estado diferente, dijo Diana Rashid, abogada gerente del proyecto de detención del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
“Para que la representación universal en el Medio Oeste se convierta en una realidad, necesitamos aumentar la capacidad de las organizaciones para brindar estos servicios críticos”, dijo Rashid.
Los reportajes de Elvia Malagón sobre justicia social y desigualdad de ingresos son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.
