Grupo asesor tiene ideas para viviendas más accesibles

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La ordenanza de Chicago sobre viviendas accesibles debe revisarse para alentar la construcción de más unidades de vivienda, frenando así la disminución de la población negra de la ciudad y combatiendo el desplazamiento de familias latinas en las áreas que están subiendo de valor, dijo un informe emitido el lunes por un grupo de trabajo de la Municipalidad.

El Informe del Grupo de Trabajo de Vivienda Inclusiva sugirió que la ciudad libere las reglas que permiten a los desarrolladores construir o financiar unidades más accesibles si obtienen un permiso de zonificación que aumente el tamaño de sus proyectos. Algunos constructores deberían poder aprovechar ese sistema de “bonificación” incluso si no requieren un cambio de zonificación, según el informe.

Dijo que “aunque los precios de la vivienda en Chicago no han alcanzado los niveles de crisis de algunas ciudades costeras, han seguido creciendo más rápido que los salarios, creando una ‘brecha de vivienda accesible’ de casi 120,000 hogares y colocando zonas de la Municipalidad fuera del alcance de las familias de la clase trabajadora con bajos ingresos. En conjunto, estas tendencias han exacerbado la segregación racial y económica que afecta a Chicago desde hace más de un siglo”.

El déficit de 120,000 hogares se obtuvo de una investigación del Instituto de Estudios de Vivienda de la Universidad DePaul.

La alcaldesa Lori Lightfoot reunió al grupo de trabajo en octubre pasado y le pidió que desarrollara “soluciones creativas y sostenibles” para la crisis de vivienda en la ciudad. Sus integrantes vienen del sector privado de la construcción, de las universidades y de las organizaciones sin fines de lucro.

Marisa Novara, Comisionada de Vivienda de Chicago, dijo que el comité no se propuso redactar una ordenanza de vivienda revisada, sino ofrecer pautas para esa tarea. “Es algo preliminar”, dijo sobre las recomendaciones del informe. “Nada de lo que se sugiere está o no respaldado por la alcaldesa”.

Novara dijo que la administración municipal espera redactar una ordenanza este invierno. La publicación del informe marca el inicio de un período de 45 días para recibir comentarios públicos. El Comité de Vivienda del Ayuntamiento tiene programado discutir el tema el próximo 23 de septiembre, aunque no se espera que haya una votación.

Cualquier cambio propuesto tendrá que navegar por aguas políticas. Los concejales más progresistas han presionado a Lightfoot para que amplíe los esfuerzos de vivienda accesible de la ciudad, mientras que los concejales de los barrios más ricos se resisten a las presiones para tener viviendas más baratas en sus vecindarios.

El informe, por ejemplo, guarda silencio sobre la práctica de larga data del Ayuntamiento de permitir que un concejal bloquee un proyecto habitacional en su vecindario, a pesar de los supuestos beneficios públicos o sociales que tenga el proyecto. Muchos sostienen que esa práctica ha reforzado la segregación.

Desde 2004, lo que la Municipalidad ahora llama Ordenanza de Requisitos Asequibles, o ARO por sus siglas en inglés, ha financiado la construcción de 1,500 unidades para hogares con ingresos bajos o medios, según el informe. Los desarrolladores que construyen unidades a precio de mercado pagan ese programa.

Aunque la construcción está muy por debajo de lo que necesita la ciudad, Novara dijo que el conjunto de programas de vivienda de la Ciudad tienen un amplio alcance. Ella dijo que el Fondo Fiduciario para Viviendas de Bajos Ingresos, respaldado por las mismas tarifas de los desarrolladores, proporciona subsidios de alquiler para más de 2,700 hogares de bajos ingresos. Además, los créditos fiscales permiten construir más de 1.000 nuevas unidades por año, en promedio, según el informe. El ARO, dijo Novara, “no está diseñado para financiar todo”.

Las unidades subsidiadas construidas bajo ARO deben ser accesibles para los hogares que no ganan más del 60% del ingreso promedio de un área, que actualmente es de $54,600 al año para una familia de cuatro.

Algunos miembros del grupo de trabajo dijeron que el límite de ingresos debería reducirse para que solo las personas más necesitadas califiquen, pero el informe también señaló objeciones de los desarrolladores, que dijeron que hacerlo podría exponer a algunos proyectos residenciales a un riesgo financiero demasiado grande.