El acuerdo de cooperación de Solís con los federales se hace público

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El trato secreto que el ex concejal de Chicago, Danny Solís (25°), entabló con los fiscales federales hace más de tres años en un intento por evitar ir a prisión se convirtió en un documento público el martes, un día antes de que compareciera ante un juez.

Solís firmó el acuerdo de cuatro páginas, conocido como un acuerdo de enjuiciamiento diferido, el 26 de diciembre de 2018, después de haber pasado años recopilando pruebas que serían cruciales para las acusaciones de crimen organizado contra el concejal Edward M. Burke (14°) y el entonces presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan —dos de los políticos más poderosos del estado.

El documento es el acuerdo formal entre la oficina del fiscal federal John Lausch y un hombre que podría ser recordado como uno de los cooperadores más importantes del gobierno de Chicago. Su cooperación fue expuesta por primera vez por el Chicago Sun-Times cuatro semanas después de firmar el acuerdo.

Pero el arreglo también provocó la indignación de la alcaldesa Lori Lightfoot y el sucesor del distrito 25 de Solís, el concejal Byron Sigcho-López, quien dijo el martes que “todos deberíamos estar molestos y enojados porque esto está permitido”.

Ni Solís ni su abogado pudieron ser contactados para hacer comentarios el martes.

Solís solo accedió a cooperar con los federales después de que lo enfrentaron con sus propias fechorías, que supuestamente incluían aceptar una serie de beneficios inapropiados que incluían Viagra, servicios de prostitución y contribuciones de campaña.

Los fiscales presentaron formalmente un cargo de soborno contra Solís el viernes. Se anticipa que su enjuiciamiento se aplace por otros tres años, aunque su acuerdo también dice que su cooperación terminará solo cuando los federales le notifiquen por escrito “que todas las investigaciones y enjuiciamientos” relacionados con sus esfuerzos están completos.

Suponiendo que Solís cumpla con su parte del trato, los fiscales prometieron buscar la desestimación del cargo de soborno presentado en su contra y no lo procesarán por esa u otra conducta revelada por Solís “relacionada con sus acciones u omisiones como oficial público.”

Adjunto al trato había una exhibición de dos páginas titulada “Admisiones de Daniel Solis”. En él, Solís admitió que buscó contribuciones para la campaña de un grupo de desarrollo que necesitaba su ayuda en el Ayuntamiento. El documento decía que lo hizo en parte “como recompensa” por su asistencia como presidente de zonificación del concejo y como miembro del Concejo Municipal.

Los propietarios del grupo de desarrollo incluían al magnate deportivo de Chicago, Jerry Reinsdorf, como reportó por primera vez el Sun-Times.

Todo esto ocurre un día antes de que Solís comparezca ante la jueza federal de distrito Andrea Wood. Sin embargo, Solís también podría convertirse en el último político de Chicago en beneficiarse de los protocolos COVID-19 en la corte del Palacio de Justicia Federal Dirksen.

La lectura de cargos de Solís se realizará por teléfono. Eso significa que no se verá obligado a caminar por el vestíbulo de la corte, donde seguramente habría sido acosado por reporteros y camarógrafos.

Madigan evitó esa escena cuando fue procesado por teléfono el mes pasado. Ni siquiera dijo algo durante la llamada.

Mientras tanto, una letanía de supuestas irregularidades por parte de Solís ya se reveló en una explosiva declaración jurada del FBI obtenida primero por el Sun-Times en enero de 2019. Entre ellos estaban sus esfuerzos para asegurar las contribuciones de campaña del desarrollador conectado con Reinsdorf, que los federales ahora señaló en apoyo de la acusación en su contra.

El Sun-Times identificó a ese desarrollador como Michigan Avenue Real Estate Group, que quería construir un edificio de vivienda en el antiguo sitio del restaurante Carmichael cerca del United Center, en el distrito de Solís.

Solís habló con uno de los ejecutivos del grupo, a quien el Sun-Times identificó como Thomas Meador, el 27 de julio de 2015. Solís le pidió que contribuyera a una recaudación de fondos que se llevaría a cabo el 10 de septiembre de 2015. Solís también le pidió a Meador que buscara contribuciones de otros.

Meador no ha sido acusado de irregularidades y no pudo ser contactado para hacer comentarios el martes.

Dos de los ejecutivos del desarrollador contribuyeron $5,000 cada uno al fondo de campaña de Solís el 26 de agosto de 2015, según el documento judicial. Esas contribuciones provinieron de Robert Judelson y Al Lieberman, según muestran los registros de campaña.

El comité de zonificación de Solís recomendó que se aprobara el cambio el 21 de septiembre de 2015, según el documento judicial. Ese mismo día, un tercer ejecutivo hizo una contribución de $5,000 al fondo de campaña de Solís. Ese dinero provino de Paul Dewoskin, según los registros de campaña.

Judelson, Lieberman y Dewoskin tampoco han sido acusados de irregularidades. No pudieron ser contactados para hacer comentarios.

El Concejo Municipal aprobó el proyecto el 24 de septiembre de 2015 y Solís votó a favor.

Lightfoot ha dicho que está “profundamente ofendida” de que Solís pudiera evitar la prisión a pesar de sus fechorías. Sigcho-López expresó una indignación similar el martes.

“Todos los que han sido comprobados culpables de corrupción deben enfrentar la justicia y rendir cuentas”, dijo Sigcho-López.

Presionado sobre si Solís debería cumplir condena en prisión, Sigcho-López dijo: “Absolutamente. Nosotros, como funcionarios electos, tenemos la responsabilidad de nunca traicionar la confianza del público. Al hacerlo, debemos enfrentar las consecuencias”.

Pero la concejal Michele Smith (43°), exfiscal federal que preside el comité de ética del concejo, lo vio de otra manera.

“Así es exactamente como funciona este sistema”, dijo Smith. “A menudo, las personas con antecedentes desagradables cooperan con las fuerzas del orden para atrapar a los sospechosos más grandes”.

“Esa es la realidad”, dijo.