Para reactivar la economía, Biden debe otorgar permisos de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados

Dos líderes de organizaciones sin fines de lucro de Chicago abogan por que el Presidente conceda permisos de trabajo a 10.5 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos, 500,000 de ellos en Illinois.

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U.S. Sen. Dick Durbin, Gov. J.B. Pritzker and Chicago Mayor Brandon Johnson stand together near a sign that says "Let Immigrants Work!"

El senador Dick Durbin, el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se unieron a los líderes empresariales en agosto para exigir al gobierno de Biden que amplíe las autorizaciones de trabajo a todos los inmigrantes, con la esperanza de hacer frente a la escasez de mano de obra en Illinois y otros estados.

Pat Nabong/Sun-Times

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El derrumbe de un puente de Baltimore, donde seis inmigrantes que llevaban mucho tiempo en el país perdieron la vida en plena noche mientras reparaban la infraestructura, pone claramente en evidencia sus contribuciones indispensables.

Lejos de “envenenar la sangre de este país”, como ha dicho el expresidente Donald Trump, los inmigrantes construyen y mantienen los cimientos mismos de nuestra sociedad, aunque sigan sin ser vistos, reconocidos, ni valorados. Es el momento de que cambiemos eso.

En la actualidad, por cada 100 puestos de trabajo disponibles en Illinois, sólo hay 76 trabajadores “disponibles” o autorizados para cubrirlos. Esta brecha refleja una escasez cada vez mayor de mano de obra en nuestro estado. Afortunadamente, hay trabajadores inmigrantes dispuestos a ocupar los puestos que otros no quieren y recién llegados que anhelan tener la oportunidad de aprovechar estas oportunidades.

La única pieza que falta está en manos del Presidente Joe Biden para actuar, a través de su autoridad de libertad condicional, y conceder permisos de trabajo a los que trabajan actualmente y a los que están a la espera, listos para prestar sus habilidades y mano de obra a nuestra economía.

Nosotros, junto con una coalición de más de 85 organizaciones sin fines de lucro, líderes empresariales, organizaciones religiosas y funcionarios electos, le pedimos a Biden que conceda permisos de trabajo a todos los trabajadores indocumentados lo antes posible.

Se trata de una medida de sentido común que ayudaría a cubrir las vacantes de empleo, al tiempo que impulsaría el crecimiento económico, aumentaría los ingresos fiscales y reforzaría la protección en el lugar de trabajo de quienes durante tanto tiempo han contribuido a nuestras comunidades desde la clandestinidad.

Nuestro estado ha realizado un trabajo impresionante para recuperarse de la pandemia de COVID-19, y hemos tenido un liderazgo visionario al frente de nuestro gobierno, trabajando para apoyar a los negocios existentes y atraer a nuevas industrias a nuestro estado. No podemos arriesgarnos a perder todo ese progreso cuando tenemos el talento que necesitamos aquí mismo, en nuestro estado, para cubrir puestos de trabajo en sectores como la atención médica, la educación, la agricultura y la hospitalidad.

Con permisos de trabajo, los inmigrantes indocumentados pueden satisfacer estas necesidades, asegurando el éxito continuo de nuestro estado y ayudando a los empresarios a hacer frente a problemas como la inflación y las interrupciones en la cadena de suministro.

No hay suficientes estadounidenses para los puestos de trabajo

No se trata de que los inmigrantes les quiten el trabajo a los estadounidenses, una narrativa en la que se apoyan muchos políticos de la derecha para fomentar el miedo y captar a su base de simpatizantes.

Se trata de satisfacer las necesidades de nuestra economía porque no hay suficientes ciudadanos estadounidenses para cubrir esos puestos.

Al igual que presidentes anteriores, Biden tiene el poder de promulgar este cambio a través de la libertad condicional, un componente esencial de la ley de inmigración estadounidense. Creemos que su administración puede utilizar el importante programa de libertad condicional de beneficio público.

Sí, los extremistas de MAGA sin duda interpondrán demandas, pero somos optimistas de que la administración prevalecerá y los casos estarían atados en las cortes durante años. De hecho, en Texas, ya hubo una demanda que desafiaba el amplio uso de la libertad condicional para los nuevos inmigrantes y un juez designado por el expresidente Trump la rechazó.

De los indocumentados que viven en Illinois, cerca del 30% llevan décadas residiendo en Estados Unidos y forman parte del tejido de nuestras comunidades. Son nuestros vecinos, cuyos hijos han crecido aquí, y pueden contribuir aún más a la economía de nuestro estado si se les concede acceso a permisos de trabajo.

Hay cerca de medio millón de personas indocumentadas en Illinois que no pueden trabajar legalmente, pero aún así contribuyen con $1.5 mil millones en impuestos al año. Otorgarles permisos de trabajo no sólo se trata de solucionar la escasez de mano de obra, sino también de garantizar sueldos justos, beneficios seguros y mejores condiciones laborales para todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio.

Además, abre la puerta a salarios más altos y carreras prósperas para los 20,000 estudiantes indocumentados que continúan su educación postsecundaria y que actualmente están marginados por falta de autorización de trabajo.

Incluso con los Republicanos extremistas haciendo de la inmigración el tema candente de las elecciones presidenciales de 2024, hay pruebas de que una cierta ampliación de la política actual es popular en todos los sectores.

Desde febrero de 2023, la campaña nacional de permisos de trabajo ha conseguido el apoyo de más de 126 empresas, 68 organizaciones comunitarias y de base latinas, y miembros del Congreso.

Es hora de que Biden apruebe los permisos de trabajo para todos como el cambio político práctico, justo e inteligente que representan. La gente vota con su bolsillo, y los beneficios para la economía serían palpables a tiempo para las elecciones generales, si actuamos con rapidez. El POTUS tiene que actuar ya.

Raúl Raymundo es director general del Resurrection Project. Sylvia Puente es directora y consejera delegada del Latino Policy Forum.

Traducido por La Voz Chicago

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